Se determinó que el proveído del 11 de diciembre de 2023 estaba amparado por los principios de autonomía e independencia judicial, ya que los funcionarios se limitaron a aplicar las directrices legales y jurisprudenciales pertinentes.

Actuación judicial no vulneró el debido proceso de la investigada, que se apodero indebidamente de dineros girados a favor de sus poderdantes.

Ejército Nacional incurrió en una falla grave al no cumplir la orden del tribunal medico que calificó una invalidez del 100% al hijo de la accionante.

Se concluyó que la persona no obró conforme a la función social que le compete al administrar recursos públicos, y que los deberes de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas están informados por principios como la eficiencia, moralidad, transparencia y legalidad.

Improcedente incoar la acción de habeas corpus, para intentar derrumbar una pena impuesta debidamente por el juez natural.

Acto administrativo no fue emitido por la madre del accionando, fue la administración directamente por lo cual no afecta la elección del mismo como alcalde.

Protegidos los derechos del accionante ante la existencia de un yerro procedimental absoluto por falta de defensa técnica.

La Sala advirtió, a partir de las pruebas allegadas por la Defensoría del Pueblo y la condición de sujeto de especial protección constitucional de la comunidad, un riesgo de vulneración de derechos en el avance del proceso de reparación.

Dada la modalidad específica de los delitos, la gravedad del comportamiento, y los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, el juez de primera instancia acertó al imponer la pena acumulada total de 274 meses y 12 días de prisión.

Aplicando los criterios de la sana crítica, el Tribunal determinó que el acervo probatorio demostró que el solicitante convivió como compañero permanente con el causante por un período superior a los cinco (5) años anteriores al fallecimiento.

Las obligaciones establecidas en la licencia ambiental de 1994 para la construcción y puesta en marcha de la banda fueron consideradas cumplidas, y se concluyó que la actividad, a la fecha, no causaba afectación ambiental.

Acreditado el pago total de obligación, resulta improcedente emitir una decisión para la continuación del proceso ejecutivo.

La Sala determinó que la UGPP no acreditó la debida notificación del requerimiento, lo que vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, resultando en la nulidad de los actos administrativos demandados.

La contribución especial ha sido considerada como un tributo de período, en la medida en que su causación y exigibilidad se determinan conforme a hechos económicos ocurridos dentro de una vigencia fiscal específica.

La acción de revisión no es procedente por la sola retractación de uno o varios deponentes.

La Corte concluyó que el juzgador de segunda instancia se equivocó al aplicar el numeral 6º del artículo 32 del Código Penal, ya que los hechos probados no coinciden con los supuestos que contempla la figura de legítima defensa.

La Corte sostuvo que la demandante, al realizar una labor que no le era propia, sin autorización y sin que fueran sus funciones, sufrió el incidente laboral.

Viáticos constantes reconocidos al empleado por el servicio prestado, debieron ser incluidos en la liquidación pensional.

¿Debe ampliarse la sustitución de la detención preventiva a imputados con enfermedades incompatibles con la vida en prisión?

Nuevo enfoque diferencial para organizaciones solidarias de tercer nivel.

Acuerdo de reorganización debe ser verificado, para analizar la procedencia de los votos emitidos por los consorcios participes de la sociedad.

La Corte recalcó que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a acceder a la información sobre el estado de la investigación.

Comportamiento de los indicadores de comercio durante mayo.

Comportamiento del Índice de Producción Industrial durante mayo 2025.

Superintendencia alerta sobre desafíos en la lucha contra el lavado de activos en Colombia.

¿Qué procede cuando los empleados de carrera no cumplen los estándares para ocupar un encargo?

Transmisores y operadores deberán reportar autogeneración y generación distribuida antes del 31 de julio.

¿Pueden las entidades públicas contratar mediante prestación de servicios las funciones de inspección, vigilancia y control sanitario?

Gobierno anuncia operativos de control anti contrabando de arroz y papa en la frontera colombo ecuatoriana.

¿Las agencias de suscripción de reaseguro tienen su propio registro ante la Supersociedades?.

Emitidas directrices en materia arbitral.

Guía para la implementación de mejores prácticas de buen gobierno para empresas solidarias.

Alerta por posibles fallos en el producto CLOVER A1C SELF TEST CARTRIDGE.

Ley 1116 aplicará supletoriamente en acuerdos de acreedores de organizaciones solidarias.

Adoptadas medidas para buscar la debida emisión de los reportes socioeconómicos.

UApA asume inspección y vigilancia de recursos del Programa de Alimentación Escolar.

Tribunal Andino niega nueva interpretación prejudicial sobre marcas “BLACK SPORTS” y “PUMA” y remite a criterios ya aclarados.

Fijan tarifas diferenciales en la estación de Peaje Alvarado.

Modifican las tarifas diferenciales en las estaciones de Peaje Neiva y el Patá.

Mintransporte fija tarifas de peaje 2025 y anuncia aumentos escalonados desde 2026 para Boquerón, Naranjal y Pipiral.

Buscan determinar el programa de prácticas laborales para el fortalecimiento educativo y la transición hacia la vida laboral.

Contraloría General actualiza sectorización de entidades bajo control fiscal y redefine competencias de sus delegadas sectoriales.

Nace el SINAPYBA, un sistema nacional intersectorial con voz indígena.

Modificado el Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ministerio de Transporte actualiza la categorización de 34 vías del municipio de El Cocuy, Boyacá.

Categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras del Municipio de Güicán de la Sierra (Boyacá).

Liquidador y accionista único de Events Lab Colombia S.A.S. condenado a pagar más de $61 millones por omitir acreencias en liquidación.

¿Puede un gerente de la CGR asignar la proyección de oficios procesales directamente a los abogados sustanciadores?

¿Debe celebrarse un nuevo contrato para incluir nuevas zonas de prestación del servicio de acueducto por parte de una empresa operadora?

¿Existen definiciones oficiales de “Rubro Madre” y “Amarre Contable” en las normas contables vigentes en Colombia?

Se crea ruta diferencial para la estabilización económica de mujeres excombatientes.

Se reconoce el sector interreligioso por la promoción de la ética y los valores humanos en Colombia.

SFC proyectaría nuevas reglas para emisores conocidos, recurrentes y programas de emisión.

Emitido anexo en búsqueda de mantener los valores emitidos por emisores de valores.

Condiciones de los programas de emisión y colocación (PEC).

Puesta en conocimiento la rentabilidad de los Fondos de Pensiones Obligatorias.

Superfinanciera define metodología para calcular la rentabilidad mínima del Fondo Especial de Retiro Programado.