Cuando se incurra en delitos en contra del desarrollo sexual de menores de edad, no procede la aplicación de beneficios penales.

Ocurrió un hecho superado al notificarse al actor la decisión sobre el recurso presentado.

Orden de emisión de copias por parte del juzgador, no es un acto que conlleve a decretar un impedimento del juzgador dentro del proceso.

¿Incurrió en falta disciplinaria el director de administración judicial de Manizales por trámites con poder sin firma?

La Sala confirma que el ajuste ordenado por el Tribunal de primera instancia no constituye una doble sanción, ya que no hay simultaneidad en el periodo en que se reconoce la indemnización moratoria y el periodo en que se ordena la actualización.

Contratos de prestación de servicio como docente ejecutados por el actor, son tiempos computables al periodo de 20 años de servicios para acceder a la pensión.

Se concluye que el Municipio de Sandoná no vulneró el debido proceso de la demandante en el procedimiento que culminó con la declaratoria de incumplimiento, la terminación anticipada y la liquidación oficial de la garantía del convenio de asociación.

¿Se puede declarar como ganancia ocasional la utilidad por venta de inmuebles poseídos por décadas?

La DIAN no le asistía en esa etapa procesal la obligación de dictar un auto de pruebas, puesto que la parte actora no solicitó ninguna prueba que requiriera ser practicada.

Las fotografías obrantes en el plenario no permitían demostrar la falla del servicio en que habría incurrido la demandada y se evidenció que éstas carecen de mérito probatorio.

Se reitera que el control posterior de la DIAN es legal y busca asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras, sin que esto atente contra la confianza legítima, la buena fe o el debido proceso.

La Sala concluyó que no se configuró un conflicto de competencia administrativa, ya que no se cumplió el requisito de que las autoridades se disputaran o rechazaran la competencia simultáneamente.

Fallecido no causo los 50 periodos de cotizaciones dentro de los tres últimos años anteriores al deceso, para causar a favor de la actora.

Al no existir una cláusula de exclusión expresa en las CCT para los cargos de dirección, confianza y manejo, y al no haber una renuncia expresa del trabajador para esos periodos, se concluyó que el actor tenía derecho a los beneficios convencionales.

La Sala consideró que faltaban elementos de prueba para determinar el origen, contexto (público/privado, época de campaña) y si fue una publicación oficial, lo que impidió considerarla un acto concreto de apoyo.

Se incurrió en una afectación del mínimo vital, al suspenderle el subsidio al cual tenía acceso sin analizar su estado de debilidad manifiesta la cual se afecta sin dicho beneficio económico.

Entidades accionadas incurrieron en un error al momento de determinar la discapacidad del actor al no valorar de manera conjunta los reportes médicos del actor.

Secretaría de educación incurrió en mora injustificada en la expedición y envío del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías.

Decisión del juez accionado, ignoró su obligación de garantizar la protección especial de las personas en situación de debilidad manifiesta.

Las normas acusadas y las que se aluden infringidas fueron directamente confrontadas en el examen de legalidad sin que se requiriera la aportación de documentación adicional.

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