Condenan a la etb a pagar los perjuicios por la aplicación de la inhabilidad sobreviniente causada por la declaratoria de caducidad del contrato.
la declaratoria de nulidad del acto administrativo de caducidad es un presupuesto necesario para reclamar los perjuicios que se deriven, particularmente, de la imposibilidad de contratar por el término que dura la inhabilidad, sin embargo, ello no infunde certeza per se del lucro cesante o de la pérdida de oportunidad que de allí se derivarían, pues, para el efecto, se requerirá contar con los elementos probatorios que así lo determinen; la parte interesada tiene la carga de convencer al juez de que la inhabilidad efectivamente causó un perjuicio, es decir, de aportar elementos que permitan inferir, más allá de simples suposiciones o conjeturas, que el contratista afectado mantenía una actividad contractual con el estado de la que resultaría efectivamente privado. en el caso concreto no se trata de reconocer la utilidad dejada de percibir frente a determinado contrato y oportunidad de licitar, sino de aceptar que, si no fuese por la sanción indebidamente impuesta, la actora habría contratado con el estado; participaría y habría sido favorecida, cuando menos en una adjudicación igual. modifica y declara fundada la objeción por error grave respecto del dictamen pericial; declara la nulidad de la resolución por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato de obra pública y se condena a la empresa de telecomunicaciones de santafé de bogotá a pagar a la sociedad por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. c.p: stella conto díaz del castillo. documento disponible al público en octubre de 2018. temas: controversias contractuales. caducidad. responsabilidad del estado. contratos estatales. [..]

Congreso de la república aprobó el presupuesto general de la nación para el 2019 en 258 billones.
las plenarias del congreso de la república aprobaron el proyecto de ley del presupuesto general de la nación para el 2019 con un total de 258.9 billones. los cuales se destinan así: 160.2 billones a funcionamiento y 46.8 billones a inversión. el sector de educación recibe un total de 41.4 billones siendo el más alto, para la salud y protección social se dispuso 32.3 billones y 11.7 billones para inclusión social y reconciliación. documento disponible al público en octubre de 2018. temas: presupuesto, 2019, partidas presupuestales, proyecto de ley, congreso, educación, inclusión social. [..]

Se unifica jurisprudencia sobre la responsabilidad del estado en daños causados por minas antipersona, municiones abandonas sin explotar, y artefactos explosivos improvisados.
el consejo de estado unifica jurisprudencia sobre la responsabilidad estatal de las siguientes formas: primero habrá lugar a declarar la responsabilidad del estado por los daños causados con las minas antipersona (map), las municiones abandonadas sin explotar (muse), y los artefactos explosivos improvisados (aei) en los casos en que la proximidad es evidente a un órgano representativo del estado, con lo cual se permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados por el mismo ejército nacional; segundo el estado no infringe el deber de prevenir y respetar los derechos de las víctimas de estos artefactos,teniendo en cuenta el alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de estas víctimas, y en atención a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto armado en colombia, y del marco legislativo dispuesto para adelantar labores de desminado humanitario; y tercero será deber del juez de daños solicitar la inclusión de los actores en la ruta de atención integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el gobierno. confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda. c.p: danilo rojas betancourth. documento disponible al público en octubre de 2018. temas: víctimas del conflicto, minas anti-persona, artefactos explosivos, unificación de jurisprudencia, responsabilidad del estado. [..]