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EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD TRIBUTARIA.

 

Frente al procedimiento de cobro de impuestos la Ley y la Constituci髇 establecen que se deben respetar los derechos fundamentales del deudor, ya que la administraci髇 tributaria no cuenta con poderes exorbitantes para recuperar los dineros a favor de la Naci髇. Es necesario garantizar los espacios procesales para la defensa del contribuyente, tal exigencia es necesaria que incluso en los actos administrativos proferidos se se馻lan si son susceptibles de alg鷑 recurso o no.

 

La Carta Pol韙ica en su art韈ulo 58 establece que se garantizan la propiedad privada y dem醩 derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, de modo que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, en Colombia existe la libertad de asociaci髇 y ejercicio de actividades econ髆icas, derechos que el Estado se encarga de garantizar para su desarrollo efectivo, pero este derecho no es absoluto haciendo una salvedad la norma constitucional, ya que si hay conflictos entre el inter閟 p鷅lico y el privado, este debe ceder ante el primero, adem醩 se establece que la propiedad es una funci髇 social que implica obligaciones y tambi閚 le es inherente una funci髇 ecol骻ica.

 

El principio de no confiscatoriedad en materia tributaria analizando otras jurisdicciones (tribunal constitucional peruano) es definido como 搮cada vez que un tributo excede el l韒ite que razonablemente pueda emitirse como justificado en un r間imen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad厰 (Alvear, p醙. 9); en Espa馻 se se馻la que el principio de no confiscaci髇 permite evitar que el sistema tributario pueda llegar a tener una estructura contraria a dicho principio, a pesar de la existencia de garant韆s en materia de igualdad y distribuci髇 para todos los ciudadanos en capacidad de contribuir (Galcera, 2010, p醙. 5)

 

En Colombia aunque existen ciertos precedentes jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional, es llamativo observar que este principio no ha tenido un tratamiento normativo, judicial y doctrinario tan extenso y puntual como otros temas tributarios con igual importancia para la vida econ髆ica nacional y las rentas estatales. Analizando las decisiones proferidas por la Corte previamente mencionada, es posible encontrar la sentencia C-409 del a駉 1996, con ponencia del magistrado Dr. Alejandro Mart韓ez Caballero, en la cual se demand el art韈ulo 84 (parcial) de la Ley 223 de 1995 aunque la Corte fall de manera desfavorable al interesado, pero ya existen referencias sobre la confiscatoriedad de los tributos en el pa韘, en dicha sentencia se menciona lo siguiente:

 

揕a prohibici髇 de los impuestos confiscatorios tiene fundamentos constitucionales, como la protecci髇 de la propiedad y la iniciativa privadas y los principios de justicia y equidad tributarias. Si el Estado reconoce la propiedad privada y la legitimidad de la actividad de los particulares encaminada a obtener ganancias econ髆icas, mal podr韆 admitirse la existencia de tributos que impliquen una verdadera expropiaci髇 de facto de la propiedad o de los beneficios de la iniciativa econ髆ica de los particulares. Tales impuestos no respetar韆n la equidad ni la justicia fiscales, por lo cual es necesario admitir que existen l韒ites materiales cuantitativos al poder impositivo del Estado.

 

Tambi閚 se ha pronunciado en la sentencia C-528 de 2013 afirmando que la confiscatoriedad se da 揷uando la actividad econ髆ica del particular se destina exclusivamente al pago del mismo (tributo), de forma que no existe ganancia, de lo anterior se puede concluir que la confiscatoriedad consiste en un acaparamiento total por parte del tributo, de las utilidades que el contribuyente obtiene por sus actividades generadoras de renta. Otras decisiones judiciales relacionadas con el principio de confiscatoriedad tambi閚 pueden ser consultadas en las sentencias C-776 y C-1006 de 2003, en las cuales se hace una menci髇 semejante sobre la confiscatoriedad de los impuestos.

 

Sin pretender hacer un an醠isis exhaustivo sobre la no confiscatoriedad de los impuestos, la Constituci髇 establece que todos los ciudadanos deben contribuir con el financiamiento de las cargas p鷅licas y el cumplimiento de los fines estatales, dentro de los principios de equidad, justicia y progresividad tributaria, gravando de manera proporcional al contribuyente cuanto mayor sea su capacidad econ髆ica; pero tambi閚 es necesario reflexionar sobre la situaci髇 actual del sistema tributario colombiano.

 

En reiterados estudios realizados por el Banco Mundial y varias organizaciones externas e internas, se ha se馻lado que la tasa total de tributaci髇 es muy alta y aunque el 韓dice pueda variar, ya que en ocasiones solo se estudian los impuestos nacionales, y en otras investigaciones se integran los impuestos territoriales, junto con tasas y contribuciones, es una tasa tan alta que cubre m醩 del 50% de las utilidades obtenidas por parte de los contribuyentes, ya que existen serias diferencias entre el sistema tributario nacional y los del nivel departamental y municipal.

 

 

Doctor. Manuel Andr閟 Le髇 Rojas

Especialista en Derecho Tributario