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En recientes días se radicó un proyecto de ley que pretende adoptar una serie de medidas para “que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de Pago en Plazos Justos1”.

Pretende el ponente de la misma que se aplique el principio de buena fe contractual que contempla el Código de Comercio (Artículo 871); en aras de que todos los comerciantes que ejerzan operaciones mercantiles queden obligados a realizar los pagos en periodos que no sobrepasen los 60 días calendario a partir de la fecha en la que se adquirieron los productos y/o servicios. Dichos plazos van disminuyendo periódicamente hasta que en un plazo de 10 años a partir de la promulgación de la Ley (si es que se logra), los empresarios fenezcan sus cuentas por pagar en 30 días. Inclusive propone que para los casos en que los contratos requieran algún procedimiento especial de aceptación de los bienes o servicios, los plazos se adapten a lo descrito previamente. Es decir, no imponer cortapisa alguna que retrase los pagos a los empresarios. Va incluso, más allá al aceptar que todo documento recibido por vía electrónica tenga los mismos efectos siempre y cuando cuente con la garantía y la autenticidad del firmante, la recepción por el interesado, la integridad de las facturas.

Algo novedoso que trae este proyecto es que si el contratante incurre en mora con los pagos, el beneficiario de los pagos tendría derecho a reclamar una indemnización, en caso de que se haya incurrido en costos de cobro y estén debidamente soportados y acreditados; la cual será de máximo el 20% del valor de la cuantía de la deuda.

Entre las justificaciones, el ponente afirma que estos plazos se incorporan en los contratos modelo o tipo que utilizan las grandes empresas para contratación en general (en una manifestación clara de su posición dominante) en negociaciones que se asimilan a los contratos por adhesión, es decir, los proveedores (muchas veces mipymes y emprendedores) que quieran contratar con las grandes empresas deben aceptar los términos contractuales redactados unilateralmente por las grandes empresas, donde se incluyen plazos desmesurados de hasta 180 días para realizar el pago de obligaciones ya ejecutadas y sin ningún tipo de justificación.

Para promover el crecimiento empresarial de Colombia y su competitividad, se debe proteger a las empresas de las posiciones dominantes del mercado y se debe garantizar la libre competencia, lo cual no ocurre con los pequeños y medianos empresarios en Colombia, donde las empresas grandes no pagan sus deudas a tiempo para apalancar su operación y generan costos adicionales a las Mypimes, afectando su rentabilidad y llevándolas a cerrar o vender2.

Sin embargo, en este mundo, así como hay iniciativas que son buenas para todos aparentemente; hay estamentos, personas que se oponen a las mismas por más que en el imaginario general parezcan buenas. Debido a lo anterior, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) sentó su voz de protesta contra dicho proyecto de legislación.

Afirman la asociación gremial que dichas medidas regulatorias como las que se buscan implementar por medio del proyecto de ley pueden tener efectos no deseados o contrarios al objetivo que persiguen. En primer lugar afirman que la exposición de motivos no contiene la suficiente sustentación rigurosa constitucional. Opinión que el suscrito comparte. No puede hablarse únicamente de la protección a la libre competencia que alega el proyecto, cuando obviamente son muchas más las variables y de mayor complejidad técnica que deben tenerse en cuenta para poder entrar a analizar las condiciones que el proyecto de ley, que repito, son loables.

Regular las relaciones entre grandes empresas con las Pymes o con las pequeñas empresas, va en contravía del desarrollo de estas últimas. Muchas de las cuentas por pagar de las grandes empresas son también con empresas de igual tamaño. Por su parte, en las cuentas por cobrar de las Pymes también una parte son con empresas de tamaño similar. El proyecto de ley va en dirección contraria del desarrollo de las Pymes y del fortalecimiento de los encadenamientos del sector productivo colombiano3.

Ahora, se observa que la Andi cita el ranking de competitividad, del IMD en el que para el año 2019, Colombia ocupa un nada honroso puesto 52 entre 63 países que fueron medidos, superados en Latinoamérica, por Chile y México4. El problema es más grave para toda la región, pero eso es otro tema.

A nivel microeconómico, la entidad hace un estudio en el que tiene en cuenta los sectores agrícola y manufacturero. Para el primero, hace un estudio de lo rápido que rotan los inventarios en este sector, por ende; las facturas también circulan permanentemente, al igual que las materias primas para sus procesos de producción. Considerando al final como menor el impacto para esta ley. Sin embargo, se observa que en el sector agrícola también sucede que a los campesinos o productores pequeños también les pagan con plazos de hasta a 180 días; situación que la Andi pasa por alto. Tiene razón en expresar que sus productos rotan rápido, pero no con respecto a los pagos.

Con respecto al sector manufacturero, que ciertamente tiene proceso más prolijos; se puede presentar el caso, que el proceso de fabricación puede ser más largo que el plazo que se propone para el pago de las facturas; generando riesgos por sanciones en caso de que se apruebe. Lo dicho, en mi opinión, no tiene ningún fundamento, pues acá el actor más importante es el sector bancario y financiero, que puede apalancar a la empresa en los momentos en los que necesite. Y es realmente a quien acuden los empresarios cuando necesitan recursos para sus operaciones.

Otro aspecto que se podría desprender de lo anterior es la implicación con respecto a los precios: Si a las grandes empresas se les exige un menor plazo de pago a sus proveedores, esto afectaría sus costos, lo que podría traducirse en el traslado de parte de estos mayores costos al precio de transacción, pues sucede exactamente lo mismo para el empresario que tiene que esperar a que le paguen;También tiene que efectuar una serie de ajustes en su flujo de efectivo para poder responder con el día a día de su empresa, lo cual al final afectará lógicamente sus costos y sus gastos. Es como un juego de quite y acomode responda por unas deudas y deje las otras en standby.

Finalmente la Andi expresa que tratar de imponer este proyecto de ley sin tener en cuenta las particularidades del sector económico donde las empresas se ubican, resultaría, palabras más palabras menos, inconveniente para el aparato industrial del país. Lo peor es que la situación actual resulta inconveniente para el país, porque hacer esperar de manera irrazonable el pago de los bienes o servicios no soluciona la situación de las empresas; inclusive, acá no se está tratando acerca de los temas impositivos cuya solución que propone el gobierno es: pague sus impuestos con tarjeta de crédito asumiendo finalmente como consecuencia pasivos por impuestos, gastos y aquellos que se registran en las expensas financieras.

En Colombia se debe hacer un análisis intergremial, concienzudo y profundo para ver qué asuntos son aquellos en los que las partes deben ceder y no limitarse solamente a criticar las iniciativas que se presentan. Concertar es la solución. Ya está más que comprobado que la mera crítica no ha solucionado nada.

 

Juan Pablo Merchán Díaz

Contador Público

Especialista en gerencia del Talento Humano.

Editor especialista tributario y contable

Correo: juan.merchan@notinet.com.co

 

 

1“Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en Plazos Justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”

2Exposición de motivos: Justificación económica del proyecto de Ley

3Andi Más País: Comentarios a los proyectos de ley pago a plazos justos.

4https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-change-vertical.pdf