LOS ÁRBITROS NO TIENEN LA FACULTAD DE DESCONOCER LA PERSONERÍA SUSTANTIVA DEL SINDICATO.


 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que mientras dicha personería no se deje sin efectos, a través de los mecanismos legales previstos para ello no es viable poner en tela de juicio las actuaciones de la organización sindical como tampoco su capacidad para promover conflictos colectivos de trabajo, tal como lo disponen los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aplicables dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

 

En el mismo sentido, la Corporación ha indicado que el hecho sobreviniente que en una empresa dejen de existir trabajadores afiliados al sindicato que inició y promovió un conflicto colectivo, no puede conducir a la extinción inmediata de la organización, en la medida que ello desconocería que como asociación, su finalidad esencial es la promoción de mejores condiciones laborales, y que puede obtener afiliaciones de otros trabajadores que opten por vincularse en cualquier momento para ser acreedores de los beneficios resultantes del proceso de negociación colectiva, a través de la convención, pues de conformidad con el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, si bien es cierto, en los casos en que un sindicato se vea reducido a un número inferior a 25 afiliados, se configura una causal de disolución, ésta no opera de pleno derecho, pues la declaratoria de disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica de la organización sólo puede hacerse mediante declaración judicial, tal como lo prevé el artículo 39 superior, en concordancia con el artículo 4 del Convenio No. 87 de la OIT.

 

Lo anterior en virtud que dichas circunstancias se enmarcan dentro de los que se han considerado como conflictos jurídicos, esto es, relacionados con la interpretación y aplicación de las normas dentro de la legislación laboral, cuya competencia se asigna a los jueces del trabajo, quienes de conformidad con el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social conocen de las controversias jurídicas derivadas directa o indirectamente del contrato de trabajo, así como el hecho que de tiempo atrás la jurisprudencia laboral ha decantado que los tribunales de arbitramento obligatorio en este campo se establecen para la resolución de conflictos de carácter económico, es decir de aquellos relacionados con la creación de beneficios a favor de los trabajadores y que principalmente se derivan de la presentación de los llamados pliegos de peticiones por parte de las organizaciones sindicales existentes en las empresas con el propósito de generar garantías adicionales a las contempladas en la legislación laboral.

 

Lo anterior, sumado a que los efectos producidos por la fusión, absorción, escisión o cualquiera otra modalidad que afecte la modificación de la personería jurídica de entes como las agremiaciones sindicales en expresión del ejercicio del derecho de asociación son tema cuya definición importa a la ley, por ende, extraño al ámbito de competencia de los árbitros de los tribunales de arbitramento o arbitraje económico en el derecho laboral colombiano. Para establecer lo anterior basta leer el numeral 1 del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto contempla la posibilidad de que los sindicatos puedan unirse o federarse entre sí; y el numeral 2, al asentar que los sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas de ese título, y están sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden público.

 

Esa competencia asignada por el legislador se explica precisamente porque dichas controversias económicas deben decidirse teniendo en cuenta criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, en el sentido que la mejora en las condiciones de trabajo debe examinarse a la luz de las particularidades económicas y financieras de las empresas, con la finalidad de no poner en riesgo la actividad económica y la fuente de empleo.


 

Juliana Barón Bonilla

Abogada Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

Universidad Externado de Colombia



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