EL CONTROL POLÍTICO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL

 

El Decreto 111 de 1996, tal como lo expresa en su contenido, es el encargado de la compilación de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, las cuales conforman el Estatuto Órganico del Presupuesto en Colombia, dicho decreto en su artículo 11 establece que el Presupuesto General de la Nación se compone de un presupuesto de rentas, un presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y disposiciones generales que corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, que solo rigen para el año fiscal en el cual se expiden; igualmente se establecen una serie de principios del sistema presupuestal como son: planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y la homeóstasis, consistente este último en que el crecimiento real del presupuesto de rentas debe guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal modo que no haya desequilibrio macroeconómico.

 

Así como se establecen los lineamientos bajo los cuales debe actuar el Gobierno Nacional para efectos de elaborar, proponer y ejecutar el Presupuesto, el Decreto 111 de 1996 asigna una serie de competencias al Congreso con el fin de que este realice un control político nacional consistente en lo siguiente:

 

Las EICE y las empresas de economía mixta tienen que enviar al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, la totalidad de los estados financieros definitivos con corte al 31 de diciembre del año anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año; la omisión de este deber da lugar a la imposición de multas semanales y sucesivas a los responsables, equivalentes a un salario mínimo legal, por parte de las Superintendencias a cuyo cargo está la vigilancia de la correspondiente entidad y, en su defecto, por la Procuraduría General de la Nación.

 

Las normas asignan al Ministerio de Hacienda la responsabilidad en cuanto a la programación y ejecución presupuestal, mediante el seguimiento financiero del Presupuesto General de la Nación, el de las EICE y las sociedades de economía mixta con régimen de EICE, dedicadas a actividades no financieras y del presupuesto de las entidades territoriales en relación con el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación; además el Departamento Nacional de Planeación debe evaluar la gestión y realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública, junto con las funciones que le asigne la Ley 60 de 1993.

 

También dispone el Decreto 111 de 1996 que el Ministerio de Hacienda es el centro de la información presupuestal, en el cual se consolida todo lo relacionado con la programación, ejecución y seguimiento del Presupuesto General de la Nación, las EICE y sociedades de economía mixta dedicadas a actividades no financieras, corporaciones autónomas regionales de las entidades territoriales en relación con el situado fiscal y la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación; para lo anterior la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio debe diseñar métodos de y procedimientos de información y de sistematización que considere necesarios para el efecto.

 

En el artículo 94 del decreto ya mencionado se estipula que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), puede suspender o limitar programa anual de caja de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y el Ministerio de Hacienda – Dirección General del Presupuesto Nacional puede ordenar la suspensión de la cofinanciación y sus desembolsos, para entidades territoriales, cuando unos y otros incumplan con el suministro de los informes y demás datos requeridos para el seguimiento presupuestal y el control de la información presupuestal, el Ministerio también puede efectuar las visitas que considere necesarias para verificar los mecanismos de programación y ejecución presupuestales que emplea cada órgano y establecer sus reales necesidades presupuestales; sin perjuicio de lo anterior la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales, tal como lo estipule la Ley 42 de 1993 (organización del sistema de control fiscal financiero) y demás normas concordantes.

 

 

Manuel Andrés León Rojas

Abogado especialista en derecho tributario.



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