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VIGENCIA Y APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LAS PENSIONES DE ALTO RIESGO


La Corte Constitucional en reciente fallo, analizó el contenido del artículo 8 del Decreto 2090 de 2013, determinando que establece un término de vigencia complejo, integrado por dos elementos: un plazo supletivo y no perentorio, y una condición. Así, en principio, la vigencia de la normatividad en cuestión se extiende únicamente hasta el 31 de diciembre de 2014; sin embargo, la misma norma habilita al Gobierno Nacional extender este plazo hasta por 10 años, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.


Este esquema obedece, por un lado, al propósito del constituyente y del legislador de garantizar la unificación progresiva del sistema pensional del país, para que todas las personas, independientemente de la actividad económica ejercida, se encuentren gobernadas por las mismas reglas, de modo que los requisitos y los beneficios pensionales sean uniformes; propósito de unificación que comprende también a quienes realizan actividades de alto riesgo, porque históricamente han estado sujetos a reglas diferenciales en materia pensional. Sin embargo, el esquema descrito también obedece al propósito del legislador de proteger a los trabajadores que se encuentran expuestos a condiciones adversas de trabajo lesivas de su salud, que tienen la potencialidad de impactar negativamente su expectativa, calidad de vida y capacidad de trabajo, mediante su retiro anticipado de su actividad productiva, sufragado con una pensión de vejez.


El mismo artículo 8 del Decreto 2090 de 2003 establece las reglas sobre la aplicabilidad del régimen de las pensiones de alto riesgo, determinando que independientemente de la vigencia del mismo, las personas vinculadas a este sistema específico antes del 31 de diciembre de 2014, o antes de la fecha establecida por vía gubernamental, se rigen por dicha normatividad, mientras que los afiliados a partir de ese momento, se gobiernan por la normatividad del Sistema General de Pensiones, sin las especificidades del régimen especial para actividades de alto riesgo.


Como puede advertirse, el parámetro de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a las personas que realizan actividades peligrosas, es la fecha en que se afilian al sistema pensional en calidad de trabajadores de alto riesgo, y no el momento en el que adquieren el derecho a la pensión de alto riesgo. Por ello, si a la fecha en que expira la vigencia del régimen pensional especial, las personas se encuentran vinculadas a este sistema, los trabajadores respectivos tienen derecho que se cotice según las reglas especiales, y los requisitos y beneficios pensionales serán los determinados en dicha normatividad, así no haya adquirido el derecho a la pensión.


Un aspecto que vale la pena resaltar es que aun cuando en el Acto Legislativo 01 de 2005 no se dispuso la expiración de la normatividad relativa a las pensiones de alto riesgo, de ello no se desprende un deber constitucional del legislador de mantener la vigencia de la mencionada normatividad. Desde una perspectiva lógica, de la circunstancia de que la norma que dispuso la terminación de la vigencia de determinados regímenes, no se extienda a otras reglas especiales, no se sigue que estas últimas deban tener una vocación permanencia indefinida.


Esta línea hermenéutica del Acto Legislativo 01 de 2005 es consistente con el proceso de aprobación parlamentaria y con el doble propósito del legislador de asegurar la unificación de los regímenes pensionales. Tal como se explicó en la sentencia C-651 de 2015, la mención del constituyente a las pensiones de alto riesgo se produjo como respuesta a las inquietudes de algunos congresistas, en el sentido de que la orden de eliminar los regímenes pensionales exceptivos y especiales pudiera ser entendida como orden de hacer expirar la normatividad de las pensiones de alto riesgo, efecto que no era el buscado por el legislador. Es así como en el primer debate de la primera vuelta en la Cámara de Representantes se expresó la preocupación sobre la posible interpretación que se podía hacer  de la reforma constitucional, en el sentido de que se extendería a las pensiones para las actividades peligrosas; esta preocupación se mantuvo a lo largo del trámite legislativo, de modo que en cuarto debate de la primera vuelta, en la sesión Plenaria del Senado de la República, el 14 de diciembre de 2004, se propuso la fórmula legislativa hoy cuestionada, como mecanismo para evitar una interpretación inadecuada de la reforma constitucional; y al mismo tiempo, esta disposición obligaría al legislador a inscribir las reglas para las pensiones de alto riesgo dentro de la lógica general del sistema pensional, y a no generar sistemas paralelos que al funcionar bajo otra racionalidad, pudiese afectar la sostenibilidad del sistema pensional.


En definitiva, la alusión del Acto Legislativo 01 de 2005 a las pensiones de alto riesgo no es la orden de mantener la vigencia de esta normatividad, sino la de obligar al legislador a enmarcar este régimen dentro de los esquemas económicos del Sistema General de Pensiones, en caso de que el legislador opte por establecer reglas diferenciadas para estas actividades.

 


Juliana Barón Bonilla

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

Universidad Externado de Colombia