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EL INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL.

 

La reciente decisi髇 de la Corte Constitucional de suspender por un a駉 la aplicaci髇 de la sentencia C-492 de 2015, aceptando los argumentos del Ministerio de Hacienda sobre los efectos de esta sentencia en el sistema fiscal colombiano, dio al Gobierno Nacional la oportunidad de que este realice los ajustes necesarios mediante una reforma tributaria que permita reemplazar los ingresos que se pueden dejar de percibir, ya que dicha sentencia contemplaba la resta del 25% de renta exenta a la cual hace menci髇 el numeral 10 del art韈ulo 206 del Estatuto Tributario, para los sistemas de renta de personas naturales (IMAN e IMAS).

 

Esto hace necesario analizar cu醠es son los alcances de la herramienta utilizada por el Ministerio de Hacienda para solicitar el aplazamiento de la sentencia, la cual se conoce como incidente de impacto fiscal, regulado por la Ley 1695 de 2013 y definido como una facultad con la cual cuentan el Procurador General de la Naci髇 y los Ministros del Gobierno, una vez que se hayan proferido sentencias o autos que incidan en la sostenibilidad fiscal nacional, pero este incidente no puede ser usado para el menoscabo de derechos, restringir su alcance o negar la protecci髇 efectiva de los mismos.

 

El recurso procede en contra de todas las sentencias o autos que se profieran con posterioridad a la Ley 1695 de 2013, por parte de las m醲imas autoridades del pa韘, cuando se altere de manera evidente la sostenibilidad fiscal, sin importar la postura que haya adoptado dentro del proceso no haya sido interviniente en el mismo la entidad que emplee dicho recurso. La competencia para conocer de este incidente corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado o la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

La Ley 1695 de 2013 dispone el tr醡ite a seguir para decidir el incidente de impacto fiscal, y en el caso de que la sentencia judicial sea contrario a la parte que inici la apertura, se debe proceder a acatar el fallo en los t閞minos que dicte la alta autoridad judicial que conoci el caso, con el objetivo de que garantice la primac韆 de los derechos fundamentales y reconocer la autonom韆 e independencia de la rama judicial. Durante el tr醡ite de cualquier proceso en las altas corporaciones judiciales, estas pueden solicitar la intervenci髇 del Ministerio de Hacienda para que exprese su concepto sobre los efectos del litigio en las finanzas p鷅licas, pero dicho concepto en ning鷑 caso se entiende como la presentaci髇 del incidente de impacto fiscal ni ser vinculante para la autoridad judicial (art. 15 Ley 1695).

 

En el caso de que un juez dicte sentencias condenatorias en contra de un municipio o departamento, con el objetivo de evitar alteraciones en la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales, es necesario tener en cuenta la capacidad fiscal de la entidad para poder dar cumplimiento a la decisi髇 judicial, tambi閚 se puede convocar en cualquier etapa del proceso al representante legal de la entidad demandada, para que emita concepto sobre la incidencia en las finanzas p鷅licas en caso de una eventual condena; aunque esto no impide la apertura del incidente de impacto fiscal por parte de los Ministros de Gobierno o el Procurador General de la Naci髇.

 

La apertura, tr醡ite y decisi髇 respecto del incidente de impacto fiscal debe ser realizado de acuerdo con las disposiciones del art韈ulo 334 de la Constituci髇 Pol韙ica, el cual dispone que la sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas del Poder P鷅lico dentro de sus competencias, en un marco de colaboraci髇 arm髇ica; y que la direcci髇 general de la econom韆 corresponde al Estado, siendo necesario garantizar el cumplimiento de esta gesti髇 dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, que sirva como instrumento para alcanzar de modo progresivo los objetivos del Estado Social de Derecho.

 

Doctor Manuel Andr閟 Le髇 Rojas

Especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia