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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal





Expediente 53994 (4255) de 2019

Fecha de expedición del documento: Viernes 4 de Octubre de 2019

La condena proferida en segunda instancia proviene de un hecho cierto, delimitado en el tiempo, que difiere de los acontecimientos por los cuales el Tribunal dictó la sentencia.

Demandante se desempeñaba como Juez Tercera Civil Municipal. En esta condición le correspondió tramitar y resolver un proceso ejecutivo de una IPS contra el Instituto de Seguros Sociales ISS, que estuvo plagado de una serie de irregularidades que a juicio del ente acusador, estructuran los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. La implicada libró mandamiento de pago en contra de la entidad demandada pese a que no se reunían los requisitos exigidos en los artículos 75, 488 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo cual permitió adelantar un proceso sustentado en unos títulos ejecutivos que no eran exigibles por carecer de los requisitos de ley, admitir un certificado de existencia y representación legal de la demandante cuyo contenido era falso, reconocer como apoderado a un profesional del derecho que respaldó su mandato con un acto administrativo cuya vigencia ya había fenecido y librar unas medidas cautelares sin el lleno de las exigencias legales. Tal acción dio lugar a que la imputada pudiera, primero constituir unos títulos judiciales que fueron puestos a su disposición, y posteriormente, profirió el auto del 18 de diciembre de 2007 por el cual ordenó que se entregara un título por la suma de $432.196.656, con lo que consumó el peculado en favor de terceros. Luego de surtidas las actuaciones correspondientes, se impuso medida de aseguramiento como probable autora de los punibles descritos. Posteriormente se calificó el mérito del sumario  con resolución de acusación en su contra; determinación impugnada por la demandante que fue ratificada por la Fiscalía. Luego de varios impedimentos, el Tribunal Superior le impuso 90 meses de prisión, multa cercana a los $432.000.000, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, finalmente no se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de pena ni la prisión domiciliaria.  Dicha decisión fue apelada por la demandante, desatando el recurso de casación. En sede final, la Sala observa que la implicada era conocedora del camino que debía seguir la demanda en examen, una vez cotejado su contenido con los preceptos legales correspondientes, cuya aplicación ninguna complejidad revestía. Ese estudio estaba a su cargo, de acuerdo con su ámbito específico de competencia, reconociendo de manera expresa que fue ella y no cualquier otro empleado del Juzgado, quien adelantó la labor de verificación en orden a darle curso a las pretensiones invocadas, conforme lo señaló en su indagatoria. Fue ella quien directamente examinó la demanda y sus anexos, ordenó proyectar el auto decretando las medidas cautelares y dispuso la entrega del título judicial. Por lo anterior, aunque se trataba de temas de manejo cotidiano, que ninguna complejidad comportaban, y que la enjuiciada conocía con suficiencia las disposiciones civiles y de comercio que gobiernan la materia, de forma caprichosa y arbitraria decidió admitirla obviando sus ostensibles defectos, en aras de que la defraudación se materializara sin contratiempos.



No casa MP Jaime Humberto Moreno Acero Documento disponible al público a partir de noviembre de 2019 Temas: Prevaricato por Acción y Peculado por Apropiación, Laborales, penales.



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