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Edición del dia Martes 12 de Febrero de 2019
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Fecha de expedición del documento : 2018-12-05

Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365 del Código General del Proceso. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, ibídem, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra. Revocar. MP Stella Jeannette Carvajal Basto. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Tributario. Impuesto de industria y comercio. Condena en costas.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Fecha de expedición del documento : 2018-08-29

Para efectos tributarios, la autoridad catastral es la competente para modificar las zonas del municipio donde se considera que está situado un inmueble, no las autoridades municipales. La determinación de los avalúos por parte de las oficinas de catastro incide de manera determinante en la fijación del impuesto predial, una y otra función se encuentran asignadas a diferentes autoridades. Las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros en los períodos que señale la ley, y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario, y no los concejos municipales o la alcaldía discrecionalmente a través de los acuerdos (o decretos) que regulan los elementos del impuesto predial, toda vez que, no es válido que una autoridad sin competencia y, menos a través de una excepción, pueda modificar las zonas de ubicación de los inmuebles, únicamente para catalogar con finalidad fiscal como predios urbanos, los que por disposición del ente competente, esto es, la autoridad catastral, son considerados rurales. Confirmar. MP Stella Jeannette Carvajal Basto. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Tributario. Impuesto predial. Avalúos catastrales.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Fecha de expedición del documento : 2018-08-29

Para efectos tributarios, la autoridad catastral es la competente para modificar las zonas del municipio donde se considera que está situado un inmueble, no las autoridades municipales..

La determinación de los avalúos por parte de las oficinas de catastro incide de manera determinante en la fijación del impuesto predial, una y otra función se encuentran asignadas a diferentes autoridades. Las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros en los períodos que señale la ley, y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario, y no los concejos municipales o la alcaldía discrecionalmente a través de los acuerdos (o decretos) que regulan los elementos del impuesto predial, toda vez que, no es válido que una autoridad sin competencia y, menos a través de una excepción, pueda modificar las zonas de ubicación de los inmuebles, únicamente para catalogar con finalidad fiscal como predios urbanos, los que por disposición del ente competente, esto es, la autoridad catastral, son considerados rurales.

Confirmar MP Stella Jeannette Carvajal Basto. Documento disponible al público a partir de Febrero de 2019. Temas: Impuesto predial unificado,Catastro,Tributario.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera
Fecha de expedición del documento : 2018-11-26

El derecho de acceso a la administración de justicia no solamente implica que se permita la interposición de demandas o recursos, sino la solución de fondo de la situación. Para la Sala, en el presente caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamentó su decisión de manera congruente con las pretensiones de la demanda y con base en las pruebas aportadas, solicitadas y decretadas dentro del proceso ordinario, respetando de esta manera los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia sin que sea procedente argumentar que la sentencia fue inhibitoria al no acceder a la condena en abstracto. Por lo anterior no se configuró la causal de revisión, pues con los argumentos expuestos en el recurso la parte demandante pretende cuestionar asuntos propios del proceso ordinario. Declaran improcedente el recurso extraordinario de revisión. C.P: Hernando Sánchez Sánchez. Documento disponible al público en febrero de 2019. Temas: Recursos Extraordinarios. Revisión. Acceso a la Justicia. Debido Proceso.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera
Fecha de expedición del documento : 2018-12-10

La comparación entre signos deberá realizarse con base en el conjunto de elementos que los integran. La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. Declarada la nulidad. MP Hernando Sánchez Sánchez. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Comercial. Marcas. Cotejo.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta
Fecha de expedición del documento : 2019-01-31

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo. A través de esta acción no es posible ordenar que se ejecuten toda clase de disposiciones, sino solamente aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de una autoridad determinada. Asimismo, impone al demandante la carga de establecer la autoridad pública o particular en el ejercicio de funciones públicas que debe cumplir la norma. Confirmar. MP Rocío Araújo Oñate. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Acción de cumplimiento. Acto administrativo. Deberes judiciales.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Fecha de expedición del documento : 2018-11-07

Si bien la sentencia declarativa del contrato realidad es constitutiva del derecho, quien depreque dicha relación laboral, el término de prescripción inicia desde la fecha de terminación del vínculo.  La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, mediante el cual se estipuló que el término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo contractual, de tal suerte que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella. No obstante, respecto a los aportes pensionales dicho término no aplica, en atención a la condición periódica del derecho pensional y su naturaleza de imprescriptible. Al mismo tenor, la Corporación recordó que en aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización. Revocar parcialmente. M.P: William Hernández Gómez. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Temas: Prescripción. Contrato realidad.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Fecha de expedición del documento : 2018-11-07

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es la entidad responsable de asumir el pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentes afiliados. La Sección Segunda del Consejo de Estado advierte que en el caso de los docentes oficiales afiliados, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, esto es, Nación-Ministerio de Educación Nacional, la entidad obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso tardío de las cesantías. De otra parte, arguyó que, si bien es cierto que en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2016 no consagran expresamente la prescripción frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, ello no quiere decir que esta es imprescriptible, luego ante la ausencia de norma expresa que regule esta figura respecto del derecho laboral, por analogía se debe aplicar el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Revoca. C.P: William Hernández Gómez. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Temas: Sanción Moratoria. Docentes oficiales.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Fecha de expedición del documento : 2018-11-07

Si bien la sentencia declarativa del contrato realidad es constitutiva del derecho, quien depreque dicha relación laboral, el término de prescripción inicia desde la fecha de terminación del vínculo.

La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, mediante el cual se estipuló que el término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo contractual, de tal suerte que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella. No obstante, respecto a los aportes pensionales dicho término no aplica, en atención a la condición periódica del derecho pensional y su naturaleza de imprescriptible. Al mismo tenor, la Corporación recordó que en aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

Revoca parcialmente. M.P: William Hernández Gómez Documento disponible al público a partir de febrero de 2019.  Temas: Prescripción,Contrato realidad

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Fecha de expedición del documento : 2018-12-14

Apreciación defectuosa de las pruebas no es causal de anulación. En el caso concreto observó la Sala que más allá de las afirmaciones del recurrente según las cuales la prueba decretada peritaje contable no se pudo realizar de manera completa al no haberse otorgado el plazo solicitado, el recurso, al contener únicamente meras apreciaciones de quien lo presentó, careció del mínimo de argumentación para cumplir con el requisito que la causal pide, que hace referencia a la denegación de la prueba pedida oportunamente o dejada de practicar en sede arbitral que pueda tener incidencia en el sentido del laudo. Declaran infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto. C.P: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Documento disponible al público en febrero de 2019. Temas: Anulación. Probatorio. Laudo Arbitral. Pruebas.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Fecha de expedición del documento : 2018-12-21

No se logró comprobar responsabilidad del Estado. Falla del servicio médico por aplicación de la anestesia. En este caso no se allegaron elementos probatorios que permitan concluir que el tipo de anestesia suministrada al paciente, o su cantidad fueran inadecuadas, o que la reacción adversa que este presentó se debiera a errores en el procedimiento, de manera que no es posible afirmar que el daño tuvo su origen en una actuación negligente o errada de la entidad que le prestó el servicio médico, y no en una reacción imprevisible del paciente al medicamento. Modifica la sentencia apelada y en su lugar declaran la falta de legitimación en la causa por activa y niegan las pretensiones de la demanda. C.P: María Adriana Marín. Documento disponible al público en febrero de 2019. Temas: Responsabilidad del Estado. Servicios Médicos. Falla del Servicio.

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Corte Constitucional
Fecha de expedición del documento : 2018-11-14

Corte Constitucional se declaró inhibida sobre la demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 1225 de 2008.  La Sala Plena de la Corte constitucional ante la ocurrencia de una presunta omisión legislativa relativa a juicio del accionante, concluyó que la demanda propuesta incumplía con las cargas de certeza y suficiencia necesarias para poder adoptar una decisión de fondo, como quiera que la omisión que se alegaba era producto de una construcción subjetiva del actor, en la medida en que el vacío propuesto no se derivaba del texto demandado, luego correspondía en realidad, a una falta de apreciación armónica del ordenamiento jurídico. Así las cosas, la Corte Constitucional resolvió declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 4, 7, 8 y 9 de la Ley 1225 de 2008, por ineptitud sustantiva de la demanda. Inhibida. M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Temas: Constitucionalidad. Inhibida.

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Corte Constitucional
Fecha de expedición del documento : 2019-01-22

Los miembros de la sociedad con mayores posibilidades de cualquier índole, deben apoyo a los que se encuentren en una situación de desventaja. Así se asegura en mayor medida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas y se construye un entorno de respeto hacia ellos, bajo la idea de que su realización y primacía, si bien le corresponde al Estado por ser uno de sus fines esenciales, es un asunto que concierne a todos los miembros de la sociedad que deben coadyuvar y buscar, desde sus actos cotidianos, la materialización de los derechos fundamentales, pues estos no son solamente un asunto oficial sino un elemento que debe permear todas y cada una de las relaciones sociales. Confirmar. MP Gloria Stella Ortiz Delgado. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Laboral. Pensiones. Obligaciones. Solidaridad.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil
Fecha de expedición del documento : 2019-01-11

No existe obstáculo para que una persona antes del fallecimiento del supuesto padre instaure la acción filiatoria. La ley 75 de 1968 consagra el término de 2 años para que el descendiente instaure la pretensión de filiación contado desde el fallecimiento de su aparente progenitor, a efectos de obtener secuelas de índole económico, nada obsta para que la acción sea incoada antes del deceso con lo cual el lapso de caducidad resulta inoperante por sustracción de materia lo que a su vez equipara a los hijos extramatrimoniales no reconocidos con todos aquellos que si lo fueron. No casa la sentencia proferida en el proceso ordinario de filiación extramatrimonial promovido. M.P: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Documento disponible al público en febrero de 2019. Temas: Filiación. Caducidad. Hijos Extramatrimoniales. Familia.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Fecha de expedición del documento : 2019-01-23

Improcedencia del reintegro como quiera que la decisión de dar por terminado el contrato estuvo sustentada en la autorización administrativa de despido colectivo.  La Sala de Casación Laboral advirtió que al terminarse contratos de trabajo con fundamento en la autorización del Ministerio del Trabajo para realizar un despido colectivo, deviene por improcedente acceder a un eventual reintegro convencional al margen de los reparos procesales y sustanciales que los trabajadores tengan respecto a tal acto administrativo mediante el cual el ente Ministerial dio vía libre a la culminación de los contratos, en la medida que este está cobijado por la presunción de legalidad y para el caso en concreto no se logró demostrar que este hubiera sido declarado nulo por la autoridad competente.  No casa. M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Temas: Reintegro. Despido colectivo.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Fecha de expedición del documento : 2019-01-23

El derecho a la pensión de sobrevivientes solo puede ser estudiado a luz de la norma que se encuentra en vigor a la fecha del deceso.  La Sala de Casación Laboral recordó que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser estudiado a la luz de la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. En el caso en concreto, se advirtió que la norma que se encontraba en vigor para la fecha del deceso del afiliado era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, luego se requería que el afiliado hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento o en su defecto que el causante hubiera cumplido el número mínimo de semanas exigido para la pensión de vejez en el régimen de prima media sin que se le haya reconocido una indemnización sustitutiva. Bajo ese orden de ideas, la Sala consideró que el causante era beneficiario del régimen de transición, luego la norma aplicable es el Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, para el caso en cuestión, el causante no logró ni acreditar las 50 semanas en los últimos 3 años, así como tampoco las 1000 semanas en toda la vida laboral ni las 500 semanas en los últimos 20 años. No casa. M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019. Temas: Pensión de sobrevivientes. Régimen de trancisión.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Fecha de expedición del documento : 2019-01-23

El derecho a la pensión de sobrevivientes solo puede ser estudiado a luz de la norma que se encuentra en vigor a la fecha del deceso.

La Sala de Casación Laboral recordó que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser estudiado a la luz de la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. En el caso en concreto, se advirtió que la norma que se encontraba en vigor para la fecha del deceso del afiliado era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, luego se requería que el afiliado hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento o en su defecto que el causante hubiera cumplido el número mínimo de semanas exigido para la pensión de vejez en el régimen de prima media sin que se le haya reconocido una indemnización sustitutiva. Bajo ese orden de ideas, la Sala consideró que el causante era beneficiario del régimen de transición, luego la norma aplicable es el Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, para el caso en cuestión, el causante no logró ni acreditar las 50 semanas en los últimos 3 años, así como tampoco las 1000 semanas en toda la vida laboral ni las 500 semanas en los últimos 20 años.

No casa. M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019.  Temas: Régimen de transición,Pensión sobrevivientes

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
Fecha de expedición del documento : 2019-01-23

Deben los fiscales a la hora de resolver la procedencia de la imputación y de la acusación analizar las particularidades de cada caso especialmente en los delitos de prevaricato. La fiscalía tiene la carga de demostrar todos los elementos estructurales de la conducta punible, incluso aquellos que como el dolo no son perceptibles por los sentidos; con ese fin debe demostrar los datos o hechos indicadores del caso en concreto, a partir de los cuales puede inferirse que la procesada conocía los hechos constitutivos de la infracción penal y que quiso realizarlos. Para tales efectos la correcta estructuración de la hipótesis factual y el consecuente desarrollo de un programa metodológico orientado a su demostración no pueden reemplazarse con especulaciones. Confirma sentencia absolutoria. M.P: Patricia Salazar Cuéllar Documento disponible al público en febrero de 2019. Temas: Penal. Delitos. Prevaricato. Imputación y Acusación.

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