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¿Cómo escoger correctamente el medio de control adecuado?

Respuesta

Este es, tal vez, uno de los puntos en los que se comenten más falencias desde el punto de vista procesal administrativo. A pesar de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la discusión relacionada con la caducidad que se creyó superada al modificar la terminología de “acción” a la de “medio de control”, sigue aún vigente, habida consideración que cada medio de control cuenta con su propio plazo máximo para presentar la demanda, muy a pesar de que aquellos se pueden acumular en el libelo demandatorio. Así, hoy está más vigente que nunca la posibilidad de ver frustradas las pretensiones de la demanda por la indebida escogencia del medio de control Dicho en forma sencilla, el derecho de acción con el que cuenta la persona que se considere con interés para demandar al Estado, se verá totalmente limitado por la concreción de la caducidad, motivo por el cual se darán algunas pautas para su correcta escogencia, no sin antes dar los conceptos de “medio de control”, “caducidad”, etc.

Respuesta

Es el mecanismo procesal a través del cual se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos, normas, inactividad o incumplimiento de las administraciones públicas.

Respuesta

Es el derecho del cual es titular cualquier sujeto, consistente en la facultad de acceder a la administración de justicia, a fin de obtener una decisión judicial frente a las pretensiones que pone en conocimiento de un juez.

Respuesta

Es la sanción que le impone el legislador al administrado por no incoar los medios de control dentro del término máximo establecido por la ley, consistente en la imposibilidad de acceder a la administración de justicia con el fin de definir situaciones inciertas, mediante la decisión de un juez de la república. Lo anterior, en aras de generar seguridad jurídica en la sociedad y evitar la extensión perpetua de situaciones no resueltas.

Respuesta

Cada medio de control cuenta con su propio término de caducidad, por lo que la elección de aquel determinará con cuanto tiempo cuenta el administrado para presentar la demanda en contra del Estado.

Respuesta

Dos motivos son los fundamentales. En primera medida, por cuanto de fallar en la escogencia, se producirá el fenómeno de la caducidad impidiendo que el administrado pueda acceder a la justicia, con el fin de proteger sus derechos. Es decir, se le estaría cercenando la posibilidad de resolver su situación jurídica mediante una decisión judicial. Y en segunda medida, porque dicho cercenamiento pueda traer como consecuencia para el abogado que el interesado presente en su contra una demanda por responsabilidad patrimonial solicitando la indemnización de los perjuicios causados por la pérdida de la oportunidad; esto último, aparejado con el probable proceso disciplinario al cual se verá abocado el profesional del derecho, en el cual podrá, incluso, perder su tarjeta profesional.

Respuesta

La reparación directa, las controversias contractuales, la nulidad y restablecimiento del derecho y la nulidad simple.

Respuesta

Según el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es aquel mecanismo procesal a través del cual el administrado puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma que se constituya como la causa del daño alegado.

Respuesta

Dos (2) años contados a partir del día siguiente a la causación del daño, término compuesto por días calendario, lo que quiere decir que sí se tienen en cuenta los días festivos y fines de semana.

Respuesta

Según el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es aquel mecanismo procesal a través del cual cualquiera de las partes de un contrato estatal puede solicitar que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.

Respuesta

En lo relativo a contratos, el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento para elevar su pretensión. Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato; ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa; iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe; Término compuesto por días calendario, lo que quiere decir que sí se tienen en cuenta los días festivos y fines de semana.

Respuesta

Según el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es aquel mecanismo procesal a través del cual cualquiera persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Las causales que invalidan el acto administrativo son: 1) Expedición del acto con infracción de las normas en que deberían fundarse, 2) Expedición del acto sin competencia, 3) Expedición del acto en forma irregular, 4) Expedición del acto con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, 5) Expedición del acto mediante falsa motivación, o Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. 4. Cuando la ley lo consagre expresamente. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Respuesta

Según el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es aquel mecanismo procesal a través del cual toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho. Asimismo, también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas para la nulidad simple. Igualmente, podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Respuesta

Es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, publicación, comunicación o ejecución del acto administrativo desfavorable (lo que ocurra primero), término compuesto por días calendario, lo que quiere decir que sí se tienen en cuenta los días festivos y fines de semana.

Respuesta

Viendo lo anterior, será la causa del daño el criterio que le permitirá al abogado escoger correctamente el medio de control. Es decir, desde el punto de vista jurídico, deberá elegir cuál es la o las causas jurídicamente relevantes que causaron el daño alegado. Y ¿cómo establecer cuál es la causa?; se deberá echar mano de las teorías de la causalidad, en especial, de la causalidad adecuada, a partir de la cual se establecerá el origen del daño. El paso siguiente, consiste en subsumir dicha causa en las características de cada uno de los medios de control vistos y establecer cuál de ellos se acopla a las características de la causa jurídicamente relevante escogida. El medio de control que concuerde con las características de la causa, será el medio de control correcto a utilizar. Por lo tanto, si el origen del daño causado es la existencia de un acto administrativo que se considera es ilegal, es evidente que las acciones correspondientes para lograr la nulidad del mismo son las de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, cuya elección dependerá si se trata de un acto administrativo de carácter general o particular, respectivamente. La excepción a la regla relacionada con la existencia de un acto administrativo, es cuando la causa del daño resulta ser la ejecución del acto administrativo –y no la ilegalidad de éste-, sumado a aquellos eventos en los que a pesar de existir un acto administrativo legal, su aplicación rompe el equilibrio de la igualdad de las cargas públicas que debe soportar cualquier ciudadano, causándose un daño antijurídico, en cuyo caso el medio de control será el de la reparación directa. Nótese cómo estos últimos dos supuestos parten de la base de la existencia de un acto legal. Así, las acciones de nulidad, sólo deberán iniciadas cuando la causa del daño sea un acto administrativo que se considere ilegal. A pesar de lo dicho, se traerán a colación las diferencias más representativas entre el medio de control de reparación directa y el de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que estos son los que generan mayor dificultad en la práctica.

Respuesta

La acción de reparación directa consagrada en el artículo 140 del C.P.A.C.A. está concebida para demandar la reparación del daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos -o por cualquiera otra causa-, siempre que no consista en un acto administrativo, porque cuando éste es fuente de un daño la ley prevé como medio de control generalmente pertinente, el de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, no resulta procedente que se adelante un proceso en ejercicio de la acción de reparación directa cuando el presunto daño proviene de la ilegalidad de un acto administrativo, máxime cuando el correspondiente medio de control hubiere caducado; este fenómeno no hace viable el ejercicio de un medio de control diferente a la que por ley corresponde. Por todo lo anterior, la indebida escogencia de la acción hace improcedente un pronunciamiento de fondo, comoquiera que la adecuada escogencia del medio de control constituye presupuesto de la sentencia de mérito.