Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera






La preclusión de la investigación no supone automáticamente que no asistiera el deber jurídico de afrontar el proceso penal.

Resalta la Sala que si bien se ha declarado la responsabilidad patrimonial de las autoridades judiciales aunque no hubieren incurrido en falla con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, en este caso no se puede predicar tal situación, por cuanto el demandante sí se encontraba en el deber jurídico de soportar el adelantamiento del proceso penal, por encontrarse en las mismas circunstancias fácticas de las personas que fueron capturadas en flagrancia durante la comisión del delito de receptación, al margen de que más adelante los autores del ilícito lo excluyeran como partícipe del mismo. Lo anterior, porque para el juez de control de garantías resultaba imposible determinar que el actor no tenía conocimiento del hecho delictivo, pues nadie le advirtió tal situación y, por el contrario, la Fiscalía puso de presente que las cuatro personas capturadas resultaron aprehendidas por encontrarse dentro de un vehículo que había sido hurtado.

Confirma fallo que negó las pretensiones de la demanda. C.P: Marta Nubia Velásquez Rico. Documento disponible al público en mayo de 2019. Temas: Responsabilidad del Estado,Penal,Privación de la Libertad



Descargar