PERSPECTIVAS COLOMBIANAS PARA EL 2018

 

Como es de conocimiento público, Colombia ha venido sufriendo una serie de choques económicos a causa de la disminución de la renta petrolera, reducción de exportaciones y déficit de la balanza comercial, lo cual ha ocasionado un desajuste en el presupuesto gubernamental y el incumplimiento de la regla fiscal en los últimos años, ocasionando que ante los inversores y las calificadoras de riesgo el país presente un desempeño regular en materia macro económica.

 

A raíz de lo anterior, desde el 2012 se han implementado tres reformas tributarias de carácter principal y urgente, las cuales buscaron exclusivamente garantizar las metas de recaudo del Gobierno Nacional, teniendo solo una visión fiscalista y sin proponer medidas que permitieran dar el primer paso para solucionar de una vez por todas, la problemática que genera para el país un sistema tributario ineficiente, inequitativo, engorroso, confuso y que poco permite la redistribución del ingreso, ya que mantiene altas tasas impositivas frente a otros países americanos y de la OCDE, desincentivando la inversión en Colombia y promoviendo la inseguridad jurídica.

 

La más importante hasta ahora, por las consecuencias que ha traído y la discusión que ha generado es la Ley 1819 de 2016, denominada de manera errada como “Reforma Tributaria Estructural”, a pesar de pretender buscar solucionar los errores existentes en el sistema fiscal colombiano, a nivel nacional no introdujo reformas significativas que permitan un mejor recaudo y manejo de recursos obtenidos en materia de impuestos, y en el nivel territorial continúa la misma confusa normatividad que rige los tributos departamentales y municipales, sin que se vea en el corto plazo iniciativa alguna que permita abordar este asunto.

 

Aunado a lo anterior, recientemente en la Revista Portafolio se dio a conocer una publicación la cual hace referencia a que si los próximos gobiernos quieren continuar incrementando gastos, deberán implementar reformas tributarias de índole “pasajero”, que permitan a dichas administraciones garantizar la obtención de recursos durante el tiempo que sigan en el poder, teniendo en cuenta que se anticipan gastos tales como la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC, reinserción a la vida civil, elecciones presidenciales y otros factores que pueden influir a nivel político en el manejo de los recursos fiscales; además en la misma publicación se explica que el recaudo del IVA no ha tenido el impacto esperado, debido a que la tarifa del impuesto de renta prevé una reducción gradual hasta el 2019, y además no se promueve la bancarización de la economía con la eliminación del gravamen a los movimientos financieros (4X1000), ya que sencillamente no hay manera de reemplazar los dineros que se obtienen con este tributo.

 

El gobierno colombiano considera que la economía para el año 2017 no crezca más allá del 2 o 3%, lo que refleja también la poca dinámica de la economía nacional y su alta dependencia de la exportación de materias primas, además de permitir visualizar que las pasadas administraciones (y posiblemente las venideras) carecen de iniciativas que permitan transformar el aparato productivo nacional, volverlo más industrializado y con un sistema tributario más eficiente y sencillo de entender, el cual permita hacer atractivo el país para la inversión extranjera; debido a lo anterior y a los casos de corrupción que tampoco contribuyen a mejorar la imagen del país, es probable que el ritmo de crecimiento reducido se mantenga durante varios años más, a pesar de que hayan otros países que sí han logrado superar la crisis económica y financiera del 2008 y la caída de la renta petrolera a partir del 2012.

 

 

Manuel Andrés León Rojas

Abogado especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia


z