Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta






El hecho de que la representante legal no hubiere atendido la visita de la Dian por no encontrarse en su domicilio, no conduce al desvirtuar las demás pruebas documentales en poder de la Administración..

La sociedad demandante presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año 2010 en junio de 2011, liquidando en el renglón de costo de ventas la suma de $19.523.453.000.En marzo de 2013 se profirió requerimiento especial, mediante el cual se propuso la modificación del denuncio privado para disminuir el valor declarado como costo de ventas a $19.407.861.000. Con escrito radicado en junio, la parte actora dio respuesta al requerimiento especial oponiéndose a la modificación de la declaración privada. Mediante liquidación oficial de revisión de noviembre de 2013, la Dian modificó el denuncio privado en los mismos términos expuestos en el requerimiento especial. Para la demandante, el argumento de la Administración para rechazar parcialmente los costos de ventas que fueron declarados por la contribuyente, se concretó en la imposibilidad de hallar a un proveedor, con quien la demandante mantuvo relaciones comerciales durante el periodo fiscalizado. Por lo que a su juicio, la entidad demandada desconoció las pruebas que fueron aportadas por aquella con la respuesta al requerimiento especial, tales como facturas de venta, así como la contabilidad de la empresa en la cual se reflejan las operaciones efectuadas por el año 2010 con tal tercero. La Dian se opone a las pretensiones de la demandante expresando que adelantó cruces de verificación y confrontó la información aportada por la sociedad demandante a efectos de establecer la realidad de las operaciones económicas realizadas entre aquella y la empresa proveedora durante el año 2010, por valor de $113.942.400; y como resultado de lo anterior, se concluyó que no hubo transacciones entre esa sociedad y la contribuyente, pues la Administración no logró ubicarlo en la dirección que aquel tenía registrada en el RUT, hecho que impidió verificar la exactitud de las operaciones que alega la sociedad actora. No es cierto que la Administración haya fundado su decisión en sospechas, al ser evidente que las operaciones de alquiler de flota y equipo de transporte mencionadas por la parte actora no se realizaron. Para la Sala, entre la sociedad actora y el tercero hubo relaciones comerciales durante el año 2010, por la prestación del servicio de alquiler de vehículos como se demuestra con las facturas de venta antes relacionadas, los comprobantes de pago y la versión rendida por la representante legal de la proveedora; pruebas que son plenamente válidas en virtud de lo previsto en los artículos 617, 771-2, 771-5 y 777 del Estatuto Tributario. Ahora, el hecho de que la representante legal de la proveedora no hubiere atendido la visita por no encontrarse en su domicilio, no conduce al desvirtuar las demás pruebas documentales dada la característica del servicio contratado, esto es, el alquiler de vehículos, por lo que entiende la Sala que no requiere de un lugar empresarial para ello. Por lo anterior, no se entiende la razón por la cual la demandada en ese caso no tuvo en cuenta la versión rendida por el representante legal, ni realizó la valoración probatoria pertinente en relación con los demás documentos que reposaban en el expediente administrativo y cuya existencia fue advertida por los auditores de la entidad. Por lo anterior, concluye que la sociedad actora incurrió en costos por el pago de la prestación del servicio de alquiler de camionetas, en cuantía de $85.329.000, valor que debe incluirse en el renglón 49 del denuncio rentístico por hallarse debidamente soportado.

Declarada la Nulidad MP Carmen Amparo Ponce Delgado. Documento disponible al público a partir de octubre de 2019 Temas: Tributario,Operaciones comerciales



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