IMPEDIMENTO DE CIRCULACIÓN DE EXTRANJEROS POR NO PAGAR IMPUESTOS

 

Los ciudadanos colombianos deben contribuir con el financiamiento del Estado por expreso mandato constitucional, y por medio de diversos mecanismos que permite la ley, puede el Estado ejercer las acciones necesarias para poder obtener el pago de tributos, bien sea a través de medios persuasivos o mediante acciones como demandas ejecutivas y también pueden cobrar estas obligaciones de modo directo, ejerciendo la potestad de  jurisdicción coactiva que le otorga la ley, siempre que se respeten los derechos del contribuyente que es objeto de cobro por esta vía, ya que la facultad de cobro estatal no es ilimitada.

 

El Estatuto Tributario determina que los ciudadanos colombianos deben declarar ante la administración tributaria, los ingresos y activos susceptibles de ser considerados renta nacional y también aquellos obtenidos en el exterior, esto se predica especialmente en el impuesto sobre la renta y complementarios, pero puede ser tomado como punto de partida para determinar la responsabilidad en otros tributos existentes.

 

Los extranjeros, bien sea personas naturales y jurídicas, también son responsables de impuestos en Colombia, pero solo en la medida en que los ingresos sean obtenidos en el país, es decir, considerados de fuente nacional ya que no están obligados a declarar por sus ingresos obtenidos en el exterior, y el Estado también tiene una facultad legal para que de manera coercitiva pueda obtener el cumplimiento de las obligaciones tributarias por rentas de fuente nacional, mediante jurisdicción coactiva respetando los derechos de estas personas que la ley y la Constitución les reconocen.

 

En el artículo 821 del Estatuto Tributario se establecía un control al recaudo de impuestos, el cual estaba a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dicha norma estipulaba que: “La Dirección General de Impuestos Nacionales podrá solicitar a los organismos de seguridad, que impida la salida del país de aquellos extranjeros que hayan obtenido ingresos de fuente nacional, mientras no cancelen el valor de los impuestos correspondientes”; pero la Corte Constitucional mediante sentencia C-292 de 2008, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, declaró inexequible dicho artículo.

 

Esta norma declarada inexequible, que permitía un amplio control fiscal para determinar la responsabilidad y el pago de impuestos, tal como manifestó la Corte en la sentencia previamente mencionada, no tiene razón de ser ya que la Constitución Política establece el derecho fundamental de la libre circulación y residencia, lo cual comprende el derecho a circular de manera libre por el territorio nacional, el derecho a permanecer y residenciarse en Colombia y por último el derecho a entrar y salir del país.

 

La Constitución, con un acentuado tono garantista que siempre la ha caracterizado, establece que aunque estos derechos corresponden a los colombianos, en el artículo 100 se extiende el campo de cobertura de derechos fundamentales a los extranjeros, y solo permite el trato diferenciado si se debe a razones de orden público que justifiquen de manera relevante la limitación de derechos fundamentales, de manera que la libre circulación y residencia también es un derecho del cual pueden gozar los extranjeros.

 

Manifestó la Corte en su decisión que en los artículos 22-3 y 12-3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, respectivamente, se define que si una persona se haya de modo legal en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo, siempre que cumpla las leyes internas, y que toda persona puede salir de manera libre de cualquier país inclusive el propio; lo cual refleja una abierta contradicción entre estas normas internacionales ratificadas por Colombia y el Estatuto Tributario.

 

El extranjero puede ser expulsado de un territorio, solo si se trata de una decisión conforme a la ley, además salvo por necesidades urgentes de seguridad nacional tendrá derecho a discutir las razones por las cuales es expulsado; en Colombia solo pueden ser detenidos los extranjeros en caso de infracciones penales o para proteger la seguridad nacional y el orden público, para defender derechos de terceros, preservar la moral y salud públicas, pero esta detención debe reconocer el derecho a la defensa y demás derechos fundamentales que son reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.

 

También recalca la Corte Constitucional, que hay otras alternativas para garantizar el pago de impuestos por parte de extranjeros, sin tener que incurrir en su detención, el patrimonio del mismo puede servir como prenda que garantice el cumplimiento de la obligación tributaria, siguiendo los mecanismos de persecución legales (como secuestro y embargo de bienes) a través de demandas ejecutivas o cobro por jurisdicción coactiva, que permitan satisfacer el pago de la deuda fiscal pendiente.

 

La existencia de otros mecanismos para procurar la satisfacción de las obligaciones tributarias, hace que prohibir la circulación del extranjero se torne inocua y de dudosa eficacia, como menciona la Corte Constitucional, además de que la Carta Política le reconoce al extranjero los derechos fundamentales de los demás ciudadanos colombianos, razón por la cual esta norma transgredía de manera abierta los preceptos constitucionales y ha sido eliminada del ordenamiento jurídico nacional.

 

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas

Especialista en derecho tributario



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