EL IMPUESTO A LA RIQUEZA

 

Las últimas reformas tributarias implementadas por el Gobierno Nacional, tuvieron el propósito de aumentar los ingresos estatales ante la caída de la renta obtenida por la actividad petrolera, entre dichas reformas se mantuvo e incluso se aplazó la existencia del gravamen a los movimientos financieros, considerado como uno de los principales impedimentos para la formalización de las operaciones económicas nacionales, se aumentó de manera progresiva hasta 2018 la tarifa del impuesto de renta, el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), implementación de la sobretasa al CREE y la introducción de un sistema tributario diferente al ordinario (IMAN e IMAS) para personas naturales, que asegure un recaudo mínimo al Estado.

 

La Ley 1739 de 2014 en su artículo 1º establece la creación del impuesto a la riqueza durante los años 2015 a 2018, los sujetos pasivos de este impuesto son las personas naturales y jurídicas y demás contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las personas naturales y jurídicas sin residencia en el país respecto a su riqueza en el país, poseída de manera directa o indirecta salvo excepciones por tratados internacionales y demás disposiciones del derecho interno; la desaparición de este impuesto se fija para el año 2018.

 

No son contribuyentes del impuesto a la riqueza todas las personas naturales y jurídicas a las cuales se refiere el artículo 2º de la Ley 1739 de 2014, no obstante si se decreta la disolución y liquidación de una sociedad con el fin de evadir la responsabilidad en el impuesto a la riqueza, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará las actuaciones pertinentes para el cobro del impuesto, sanciones e intereses que la sociedad habría tenido que declarar, liquidar y pagar si no se hubiera disuelto.

 

El hecho generador del impuesto a la riqueza es la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a mil (1000) millones de pesos, lo cual equivale al resultado de restar al patrimonio bruto todas las deudas a cargo del titular de la riqueza, caso en el cual deberá ser contribuyente del impuesto; las tarifas del impuesto dependiendo de la cantidad de riqueza poseída, son las que se señalan en el artículo 5º de la Ley 1739 de 2014. La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio líquido[1] para sociedades al 1º de enero de 2015, 2016 y 2017 y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas el valor del patrimonio líquido poseído al 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018.

 

No hacen parte de la base gravable del impuesto a la riqueza en el caso de personas naturales, las primeras doce mil doscientas (12200) unidades de valor tributario (UVT) del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación; tampoco hacen parte el valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés poseídas en sociedades nacionales; el valor patrimonial neto de bienes inmuebles de beneficio y uso público de empresas públicas de transporte masivo de pasajeros.

 

La causación del impuesto para personas naturales es el 1º de enero de los años 2015 a 2018 y para personas jurídicas desde el 1º de enero de 2015 hasta 2017; este impuesto no puede ser deducido del impuesto sobre la renta y complementarios ni en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, tampoco puede deducirse de la sobretasa al CREE ni puede ser compensado con estos ni otros impuestos. En el caso de que alguien no esté obligado a declarar el impuesto a la riqueza, el artículo 8º de la ley 1739 de 2014 permite que pueda presentar la declaración y pago voluntarios de manera libre y espontánea, caso en el cual la declaración sí produce efectos legales.

 

Este impuesto fue el “reemplazo” del anterior impuesto al patrimonio, manteniendo prácticamente las mismas características (El Espectador, 2014), como se mencionó previamente este y otras modificaciones tributarias fueron implementadas para permitir que el Gobierno pueda mantener el financiamiento del presupuesto, debido a la caída del precio internacional del petróleo que influyó en gran medida de manera negativa en las finanzas del Estado colombiano.

A pesar del carácter transitorio del impuesto que establece la reforma tributaria de 2014, resulta penoso reconocer que no hay nada más permanente que un impuesto temporal (EL Tiempo, 2002), desde hace varios años se ha mantenido casi la misma estructura del impuesto solo que cambiando de nombre, de patrimonio a riqueza, otro ejemplo puede ser observado con el gravamen a los movimientos financieros, tributo de carácter “temporal” cuya eliminación se aplazó hasta el año 2022; solo el tiempo dirá si sucede lo mismo con el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y la sobretasa al CREE.

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas.

Especialista en derecho tributario.



[1] Restar al patrimonio bruto las deudas existentes.



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