EL RECAUDO FISCAL EN 2015.

 

Los ingresos estatales son obtenidos generalmente por medio de impuestos, tasas y contribuciones junto con otros tipos de renta, los cuales permiten que el gobierno pueda equilibrar el gasto en el cual incurre de manera constante. El deber de contribuir de los colombianos junto con la imposición de tributos a determinados hechos generadores facilita la labor del gobierno para seguir funcionando.

 

El recaudo fiscal en Colombia es llevado a cabo principalmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad que se encarga del cobro de tributos del orden nacional, y de acuerdo a un comunicado de prensa de dicha entidad el recaudo bruto de impuestos administrados por la Dian alcanza la cifra de $123.7 billones (Dian, 2016), esta cifra es superior en ocho punto dos por ciento (8.2%) a la cifra recaudada en el año 2014, no obstante efectuando el descuento de los pagos de impuestos en títulos de deuda pública, la cifra sigue siendo superior, por valor de $116.1 billones.

 

La retención en la fuente fue un factor muy importante en el aumento del recaudo, ya que dicha retención a título de renta, impuesto sobre las ventas y timbre fue de $35.5 billones en 2015 (Dian, 2016), frente a los $31.5 billones recaudados en 2014, y en el impuesto de renta para la equidad CREE la cifra de recaudo asciende a $1 billón. Estas labores de recaudo, tal como reconoce la Dian, se vieron influenciadas por las actividades de esta entidad como fueron “el control a la evasión, socialización, divulgación, persuasión, visitas, ferias de servicios y atención en diferentes canales” que logró recaudar $5.2 billones.

 

El incremento en las tarifas no debe ser considerado como gestión exclusiva de la Dian, ya que la ley colombiana ha establecido el aumento progresivo del impuesto de renta, impuesto de renta para la equidad CREE, y la sobretasa del CREE hasta el año 2018, junto con la reducción de las deducciones en el impuesto de renta para la equidad, la ampliación del gravamen a los movimientos financieros hasta el 2022 y el nacimiento a la vida jurídica en 2013 del impuesto nacional al consumo (INC) que no permite realizar deducciones en el impuesto sobre las ventas, disminuyendo el margen de utilidad de las empresas y aumentando el recaudo estatal, aunque dicho impuesto se implementó como un mecanismo contra la evasión del impuesto sobre las ventas y para “facilitar” el pago de impuestos para los sujetos pasivos de este tributo.

 

El impuesto a la riqueza (cuyo hecho generador y demás elementos se asemejan al anterior impuesto al patrimonio) también ha contribuido al aumento del recaudo del Estado, aunque este tributo ha sido criticado fuertemente por el sector empresarial, ya que se considera que al gravar patrimonios superiores a mil millones de pesos, tiene una fuerte incidencia en las finanzas de las empresas y los intentos de ahorro por parte de las mismas.

 

Mediante la reforma tributaria del 2014 (Ley 1739) se implementó el impuesto de normalización tributaria, para aquellas personas con activos omitidos y pasivos inexistentes, para que declaren ante la administración de impuesto el patrimonio oculto que poseen en el exterior, y a cambio el Estado les brinda unas tasas de tributación mucho más bajas que las existentes en el impuesto de renta, lo cual podría ser desmotivador para los contribuyentes que sí han estado declarando su patrimonio de manera correcta.

 

Con el aumento progresivo en el 2015 de las tarifas del impuesto de renta al veinticinco por ciento (25%), nueve por ciento (9%) para el CREE y el cinco por ciento (5%) para la sobretasa al CREE, sin tener en cuenta el anticipo que se debe pagar por impuesto de renta, la tasa impositiva de tributación para el año 2015 fue del treinta y nueve por ciento (39%), sin tener en cuenta el pago por gravamen a los movimientos financieros, aranceles en el caso de importadores, y los impuestos existentes a nivel departamental y territorial.

 

La tasa efectiva de tributación en Colombia es una de las más altas, lo cual ha desincentivado la inversión y aumento industrial, provocando que muchas empresas se desplacen a otros países con menos tasas impositivas y leyes menos restrictivas para el libre mercado, generando una eventual desindustrialización del país; el interés de recaudo estatal no puede ser promovido a costa de imponer altas tasas tributarias a las personas naturales y jurídicas, exenciones a otras entidades y un complejo sistema tributario que lo único que promueve es la evasión de impuestos por parte de los potenciales contribuyentes.

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas.

Especialista en Derecho Tributario.



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