EL RÉGIMEN PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.

 

Las actuaciones de la administración durante el proceso de determinación y cobro del impuesto, deben ajustarse a las disposiciones legales establecidas y guardar el principio de correspondencia, es decir, que deben fundamentarse exclusivamente en los hechos discutidos y objetados de la liquidación privada sin adicionar otras responsabilidades; así mismo las decisiones deben estar fundamentadas con las pruebas respectivas.

 

Los medios probatorios se encuentran consagrados en los artículos 742 al 791 del Estatuto Tributario, inicialmente se establece que todas las actuaciones de la administración deben fundamentarse en hechos probados, los medios de prueba deben ser idóneos, siempre debe allegarse las pruebas en las oportunidades procesales establecidas y si existen dudas provenientes de vacíos probatorios estas serán resueltas a favor del contribuyente, y se establece la presunción de veracidad de los hechos consignados en la declaración privada.

 

La confesión de los hechos por parte del contribuyente no puede ser refutada, si las circunstancias que le acompañen permiten inferir que son ciertos; en el caso de requerimientos que haga la administración al contribuyente, si este contesta con respuestas evasivas o se contradice serán tenidos como ciertos; para refutar las confesiones realizadas solo será posible demostrar el error, fuerza o constreñimiento de un tercero sufridos por el contribuyente.

 

La prueba testimonial que solicite el interesado, debe ser realizada antes del requerimiento o liquidación oficial, pero el testimonio será inadmisible si la ley establece determinados hechos que no sean susceptibles de probarse por ese medio; las declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria pueden ser tenidas en cuenta por el funcionario de la administración de impuestos, si considera conveniente efectuar el contrainterrogatorio del mismo.

 

El Estatuto Tributario permite que la Administración pueda considerar los indicios y presunciones como desfavorables al contribuyente, a menos que se pruebe lo contrario, no obstante si el contribuyente pretende desvirtuarlos mediante la contabilidad, deberá aportar pruebas adicionales para poder dar sustento a su afirmación. Si el contribuyente omite presentar la declaración tributaria, la administración puede determinar el valor del impuesto a pagar de manera provisional, contra esta decisión procede el recurso de reconsideración, pero esto no impide a la administración para que establezca el impuesto real adeudado.

 

Los documentos que pretenden demostrar la afirmación de alguna de las partes, si son de carácter privado, la fecha cierta de los mismos solo procede si se registran ante notario o autoridad correspondiente, siempre que exista la constancia y fecha del registro o presentación. En el caso de personas no obligadas a llevar contabilidad, solo podrán solicitar pasivos respaldados por documentos de fecha cierta, en los demás casos solo podrán ser probados con el documento idóneo y características que exija la ley. Los certificados tienen el valor de copias auténticas siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 769 del Estatuto Tributario. La procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables solo será procedente si se comprueba mediante factura o documento equivalente que cumpla con todos los requisitos legales.

 

La contabilidad será prueba a favor del contribuyente, siempre que los libros contables sean llevados en debida forma, de acuerdo a las reglas del Código de Comercio, deberán estar respaldados por comprobantes internos y externos, reflejar la realidad de la persona natural o jurídica, no haber sido desvirtuados mediante otros medios probatorios permitidos por la ley y no llevar doble contabilidad o cualquier otro fraude contable, ya que en este caso dichos libros tendrán valor probatorio en contra del contribuyente. Si existe desacuerdo entre la declaración y los libros de contabilidad prevalecen estos últimos.

 

El contribuyente puede solicitar la realización de la inspección tributaria, o la administración podrá decretarla de oficio, caso en el cual deberá ordenarse mediante auto notificado por correo o personalmente, indicando los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para dicha inspección, debe levantarse un acta en donde conste todos los hechos y pruebas en que se sustenta, junto con la fecha de cierre y la firma de los funcionarios comisionados.  La inspección contable se hará al contribuyente y terceros obligados legalmente a llevar contabilidad, con la finalidad de verificar los hechos gravados o no y que se cumplan las demás obligaciones legales, de esta inspección también debe expedirse un acta con la firma de las partes intervinientes, y si alguna se niega se debe dejar constancia de tal hecho.

 

En el caso de requerir un dictamen pericial, la administración de impuestos nombrará como perito a una persona o entidad especializada en la materia, si existe objeción al dictamen debe ordenarse un nuevo peritazgo, si no hay objeción la administración deberá verificar la calidad del dictamen y el cumplimiento de requisitos legales, las bases técnicas en que se fundamente y el mayor o menor grado de precisión del trabajo realizado.

 

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas.

Especialista en derecho tributario.



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