LA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL Y EL RECHAZO DEL “PLEBISCITO POR LA PAZ”

 

Como es de público conocimiento, desde hace varios años y especialmente durante el 2016, se ha venido hablando en diversos círculos políticos, sociales y económicos sobre la necesidad de presentar una reforma tributaria “estructural” para el Estado colombiano, habida cuenta de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y el importante impacto negativo para las finanzas públicas, debido a su especial dependencia de recursos procedentes de este sector industrial.

 

Teniendo como antecedente la Ley 1739 de 2014, se creó la Comisión de Expertos Ad Honórem y en el Decreto 327 de 2015 se definieron los miembros que la integrarían, dicha comisión dio las recomendaciones para reformar el sistema tributario aunque no dejaron de generar controversia tales como la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas, la reducción de la base mínima sobre la cual deben tributar las personas naturales, el mantenimiento del gravamen a los movimientos financieros o cuatro por mil (4X1000) y gravar con impuesto sobre las ventas a varios productos de la canasta familiar.

 

Es en este contexto que el Gobierno Nacional decidió que se debe presentar la reforma tributaria durante el mes de octubre, debido a la necesidad de sanear el déficit fiscal que ha ido creciendo en los últimos años y una deuda externa que se ha situado en un valor que representa más del cuarenta por ciento (40%) del Producto Interno Bruto nacional[1]; el afán de obtención de recursos por parte del Estado no deja de despertar suspicacias y preocupaciones en diversos sectores de la economía.

 

La reforma tributaria busca, en caso de que sea aprobada en el Congreso de la República, aumentar el recaudo nacional entre 2% y 2.5% del Producto Interno Bruto y tal situación es la que esperan las calificadoras de riesgo internacionales respecto a Colombia, ya que en caso de que no prospere por algún motivo el país queda susceptible a la reducción de la calificación de la deuda soberana, lo cual trae como consecuencia el aumento de la desconfianza internacional para invertir en el mercado local y la posibilidad de que el Estado, tenga mayores dificultades a la hora de adquirir préstamos a organismos multilaterales.

 

Pero como recientemente se dijo en la revista Portafolio[2], debido al rechazo de los votantes al denominado “plebiscito por la paz”, algunos integrantes de la Unidad Nacional solicitaron la conveniencia de posponer la presentación de la reforma pues al haberse inclinado los colombianos por el “No” en el citado plebiscito, es evidente que el capital político de apoyo con el cual cuenta el Gobierno ha quedado en entredicho o inclusive se ha reducido, máxime cuando la reforma tributaria incluirá el aumento del IVA del 16% al 19% y el mantenimiento de impuestos, todas medidas impopulares para una sociedad que de por sí se encuentra con una alta tasa de tributación a nivel mundial, un mercado laboral dominado por la informalidad y una cultura de evasión que llega a niveles exorbitantes.

 

A pesar de la desaprobación del plebiscito no resulta sorprendente que el Gobierno continúe en su empeño de presentar ante el Congreso la reforma tributaria, pues si bien como se dijo anteriormente se trata de un proyecto de ley que tiene disposiciones poco favorables en opinión de la ciudadanía, también se encuentra en juego la confianza inversionista internacional y la imagen del país ante el resto del mundo, factores que son desconocidos por el ciudadano de a pie pero no por ello menos importantes para la vida nacional.

 

No obstante uno de los factores más preocupantes respecto de la reforma que presentará el Gobierno, es el hecho de que si contaba con la aprobación del plebiscito para poder proponer posteriormente amplias reformas en materia de impuestos, ahora que se conoció la noticia del voto mayoritario por el “No” la Presidencia y el Ministerio de Hacienda reduzcan las metas que tenían al inicio con la reforma ya mencionada, lo cual implica que más que una reforma tributaria estructural se convierta en una reforma de paso, como las recientes leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, que busca sanear las necesidades públicas del gobierno de turno, sin pensar de manera pragmática en una verdadera propuesta que garantice ingresos para el mediano y largo plazo transformando el sistema tributario en algo verdaderamente equitativo, justo y una tasa de tributación que incentive la inversión en Colombia y la generación de empleo.



[1] http://www.dinero.com/economia/articulo/los-riesgos-que-traeria-el-plebiscito-para-la-reforma-tributaria-estructural/234570

[2] http://www.portafolio.co/economia/impuestos/reforma-tributaria-sigue-en-pie-pese-a-pedido-de-aplazamiento-500768



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