COBRO DE DEUDAS A FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS.

 

La Ley 1437 de 2011 dispone que para efectos de esta, se entiende como entidad pública a todo órgano, organismo o entidad estatal sin importar su denominación; empresas o sociedades en las cuales el Estado tenga una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital y las entidades con aportes o participación estatal igual o superior al mismo porcentaje señalado[1]; es así que la ley previamente mencionada también establece que las entidades públicas deben recaudar las obligaciones creadas a su favor, y que consten en documentos que presten mérito ejecutivo, otorgando a dichas entidades la facultad de ejercer el cobro coactivo o acudir ante los jueces competentes.

 

El cobro coactivo de deudas a favor del Tesoro Público, implica que las entidades tienen la facultad de ejercer por sí mismas el pago de dichas obligaciones sin tener que acudir ante el juez, siempre que existan documentos que presten mérito ejecutivo, es decir que contengan una obligación expresa, clara y exigible, para lo cual la Ley 1437 de 2011 en su artículo 99 dispone cuáles son dichos documentos:

 

·         Todo acto administrativo que impone a favor de entidades públicas la obligación de pagar sumas líquidas de dinero, en los casos que disponga la ley.

·         Sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que imponen a favor del tesoro nacional o de entidades públicas, la obligación de pagar sumas de dinero.

·         Contratos o documentos en que constan sus garantías, junto con la actuación administrativa que declara el incumplimiento o caducidad del contrato; también lo son las actas de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo con ocasión de la actividad contractual.

·         Garantías que a favor de entidades públicas se presten bajo cualquier concepto, las cuales se integran con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

·         Las demás garantías que consten en documentos que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra el mismo.

 

En cuanto a las controversias que puedan surgir entre la entidad pública y el deudor requerido, el artículo 101 de la Ley 1437 establece que solo pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenen llevar adelante la ejecución y aquellos que liquiden el crédito; la admisión por parte del juez de la demanda en contra del título ejecutivo no implica la suspensión del procedimiento de cobro coactivo, de modo que solo hay lugar a la suspensión del proceso en los siguientes eventos:

 

1.    Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la jurisdicción contencioso administrativa.

2.    A solicitud del deudor ejecutado, cuando el acto proferido que decide las excepciones o que ordene seguir adelante la ejecución, según corresponda, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo; no obstante esta suspensión no da lugar al levantamiento de medidas cautelares ni impide que se decreten y practiquen las mismas.

 

En cuanto a las reglas de procedimiento del cobro coactivo[2], se deben aplicar en el orden que define el artículo 100 de la Ley 1437:

 

A)   Los procedimientos con reglas especiales se rigen por ellas.

B)   Los que no tienen reglas especiales se rigen por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y en el Estatuto Tributario.

C)   Las obligaciones de carácter tributario deben regirse por las disposiciones del Estatuto Tributario.

 

En los aspectos que no hayan sido previstos por el Estatuto Tributario, o las respectivas normas especiales, en cuanto sean compatibles con esos regímenes, se deben aplicar las reglas de procedimiento definidas por la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, y en su defecto lo que regule el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General de Proceso) en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas

Especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia



[1] Parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

[2] También es necesario tener en cuenta las disposiciones de la Ley 1066 de 2006, la cual dictó normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.



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