LA VINCULACIÓN Y SUBORDINACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA TRIBUTARIA

 

Debido a las constantes prácticas elusivas y evasivas que realizan los contribuyentes con el objetivo de reducir la cantidad de tributos a pagar por la ejecución de sus operaciones económicas, el Gobierno Nacional ha tenido la necesidad de incorporar en la legislación tributaria una serie de normas que permitan impedir tales actos, que en últimas promueven una constante cultura de no pago de impuestos y reducen los ingresos fiscales que percibe el Estado.

 

Para evitar tales situaciones se ha establecido el postulado de la vinculación y subordinación económica entre sociedades, el cual permite identificar si determinadas operaciones económicas son legal y comercialmente válidas o su objetivo exclusivo es la reducción parcial o total del pago de impuestos; respecto de la subordinación económica se puede encontrar que uno de los criterios definidos por las normas colombianas, como el artículo 451 del Estatuto Tributario, dispone que una sociedad es subordinada de otra, cuando el cincuenta por ciento (50%) o más del capital pertenezca a la casa matriz bien sea en modo directo o por intermediarios.

 

La vinculación económica entre sociedades también puede subsistir, cuando la enajenación se produce entre compañías vinculadas económicamente por medio de terceros no vinculados[1], de esta manera se impide que el uso de mecanismos artificiosos por parte de los contribuyentes, para justificar los gastos en que incurren a través de pago a sociedades vinculadas, y que tienen como resultado la reducción de la base gravable en el impuesto sobre la renta y complementarios u otros tributos.

 

El artículo 260-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 111 de la Ley 1607 de 2012, define los criterios de vinculación entre sociedades, para el régimen de precios de transferencia, de una manera bastante exhaustiva y que permite determinar los supuestos en los cuales no hay lugar al reconocimiento de los gastos en que pueda incurrir el contribuyente, otro de los supuestos de vinculación que pueden encontrarse en esta norma es aquel en el cual una entidad no tiene capacidad de decidir, es decir que se encuentra sometida a la voluntad de otras personas o sociedad, la cual será considerada su filial en caso de que haya control directo, y será considerada como subsidiaria en caso de que el control se ejerza por concurso o intermedio de las subordinadas de la matriz.

 

Los criterios de subordinación y vinculación no se limitan exclusivamente al poder de decisión de la sociedad, ya que el literal b) del artículo 260-1 del Estatuto Tributario, dentro de los numerosos supuestos en los cuales se puede inferir la existencia de subordinación, establece que ocurre tal situación cuando más del cincuenta por ciento (50%) de su capital pertenece a la casa matriz, bien sea de modo directo, intermedio o concurso de la subordinadas, o las subordinadas de estas; otro supuesto de subordinación existe cuando una misma persona natural o mismas personas naturales o jurídicas, o un mismo(s) vehículo(s) no societario(s), de modo conjunto o separado, tengan derecho a percibir el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades de la sociedad subordinada.

 

También se considera la existencia de subordinación de las sucursales respecto de sus oficinas principales, los establecimientos permanentes respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte; la vinculación económica también tiene lugar cuando sucede una operación económica entre dos subordinadas de una misma matriz, o cuando tiene lugar entre dos subordinadas que pertenecen de modo directo o indirecto a una misma persona natural o jurídica o entidades o esquemas de naturaleza no societaria, inclusive se reconoce la vinculación cuando la transacción u operación económica se realiza entre vinculados a través de terceros no vinculados.

 

De acuerdo con el régimen de precios de transferencia, cualquier contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios que realice operaciones con vinculados del exterior, se encuentra obligado a determinar para efectos del impuesto ya mencionado, los ingresos ordinarios y extraordinarios, costos y deducciones, activos y pasivos, considerando para dichas operaciones económicas el principio de plena competencia, el cual es definido por el artículo 260-2 del Estatuto Tributario como aquel en el cual una operación entre empresas vinculadas, cumple con las condiciones que se hubieran realizado en operaciones comparables con o entre partes independientes; esto se establece, como se mencionó previamente, con el objetivo de que los contribuyentes no incurran en prácticas elusivas o evasivas, y así garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los mismos.

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas

Especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia



[1] Artículo 452 del Estatuto Tributario.



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