EL REVISOR FISCAL EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES

 

Las reglas establecidas por el Código de Comercio disponen la obligación de tener revisor fiscal para los siguientes casos: sociedades por acciones, sucursales de compañías extranjeras y las sociedades que por ley o sus estatutos, la administración no corresponde a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital.

 

Respecto de la elección del revisor fiscal, esta se debe realizar por parte de la mayoría absoluta de la asamblea o junta de socio, y en cuanto a las sociedades comanditarias por acciones, el artículo 204 del Código de Comercio dispone que el revisor debe ser elegido por la mayoría de votos de los socios comanditarios, la misma norma menciona que para las sucursales de sociedades extranjeras lo debe designar el órgano competente de acuerdo con los estatutos de la sociedad respectiva.

 

Para el caso de sociedades en donde funcione junta directiva, el periodo del revisor fiscal debe ser igual al de dicha junta, ello sin perjuicio de que pueda ser removido en cualquier caso con el voto de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión; no pueden ser revisores fiscales quienes se encuentre asociados dentro de la misma compañía o alguna de las subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados de la casa matriz, tampoco pueden desempeñarse como revisores quienes laboren en la compañía o sus subordinadas en cualquier otro cargo, y quien sea designado como revisor fiscal no puede desempeñar ni en la sociedad y las subordinadas, ningún otro cargo durante el periodo respectivo.

 

El artículo 207 del Código de Comercio hace una detallada lista de las funciones del revisor fiscal entre las cuales se encuentran cerciorarse de que las operaciones celebradas por la sociedad, se ajusten de acuerdo a los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva, colaborar con las entidades estatales que ejerzan labores de inspección y vigilancia de las compañías, rindiendo los informes a que haya lugar o cuando sean solicitados, velar por que se lleve la contabilidad de manera correcta y conservar los respectivos soportes de la misma, inspeccionar los bienes de la sociedad de manera constante y tomar las medidas de protección o conservación cuando la situación lo amerite, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su respectivo dictamen o informe.

 

Entre los requisitos para ser revisor fiscal se requiere que este sea contador público[1], adicionalmente ninguna persona puede ejercer el cargo de revisor fiscal en más de cinco sociedades por acciones; en el evento en que se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estos deben tener un contador público por cada revisoría para que desempeñe personalmente el cargo, y en caso de faltar el nombrado lo reemplazarán los suplentes. En caso de que las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea o junta de socios, se pueden designar auxiliares para el revisor fiscal los cuales pueden ser nombrados y removidos libremente por él, obrarán bajo su responsabilidad y dirección, con la remuneración que decida la asamblea o junta de socios, sin perjuicio de que el revisor pueda tener auxiliares contratados y remunerados libremente por él.

 

El informe que presente el revisor fiscal a la asamblea o junta de socios debe expresar si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y ordenes de los órganos directivos; si la correspondencia, comprobantes y libros de actas de registro se llevan y conservan debidamente y si son adecuadas o se deben implementar medida de control interno, conservación y custodia de bienes de la sociedad o terceros que estén en poder de la compañía.

 

En el caso de que se autoricen balances con inexactitudes graves o se rindan informes con tales falencias, se hace responsable de acuerdo con lo que disponga el Código Penal sobre falsedad en documento privado, junto con la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal; y el incumplimiento de los deberes profesionales implica la respectiva sanción disciplinaria por parte del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas

Especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia

 



[1] Artículo 13 de la Ley 43 de 1990.



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