LA REMISIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

 

Dentro de los procesos de cobro la ley colombiana contempla la posibilidad de finalizar anticipadamente las deudas de los contribuyentes, atendiendo a una serie de requisitos y situaciones especiales en las cuales es posible que el desgaste administrativo sea mayor a la suma de dinero que se espera recaudar por vía coactiva; por lo tanto es necesario que se observen los principios de economía, eficiencia, eficacia y celeridad administrativa ya que en muchas ocasiones no es posible continuar con los procesos de cobro ante la posible inexistencia de bienes que respalden el pago de la deuda o la muerte de los contribuyentes sin herederos.

 

Esta terminación anticipada de los procesos es conocida como remisión de deudas tributarias y está regulada por el artículo 820 del Estatuto Tributario cuyo texto original era el siguiente:

 

“ARTICULO 820. FACULTAD DEL ADMINISTRADOR. Los administradores de Impuestos Nacionales quedan facultados para suprimir de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la partida de defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes.

 

Podrán igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de cinco años. (…)”

 

Pero con la implementación de la reforma tributaria del año 2014 (Ley 1739) se impusieron una serie de condiciones al artículo, estableciendo que los directores seccionales o de aduanas pueden suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hayan fallecido sin dejar ninguna clase de bienes; pero para poder hacer uso de dicha facultad se requiere que los funcionarios dicten resolución allegando al expediente previamente, la partida de defunción del contribuyente perseguido y las pruebas que acrediten de modo satisfactorio la circunstancia de no haber dejado bienes[1].

 

El director nacional o los directores seccionales de impuestos y aduanas también se encuentran facultados para eliminar de sus registros, las deudas de los contribuyentes por concepto de tasas, impuestos, contribuciones y demás obligaciones cambiarias y aduaneras cuyo cobro esté asignado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dicha facultad también se extiende a las sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso sobre las mismas deudas siempre que no superen la cifra de 159 unidades de valor tributario (UVT)[2] respecto de la obligación principal; lo anterior sin incluir intereses, actualizaciones, ni costas del proceso que no obstante las diligencias efectuadas por parte de la autoridad para obtener el pago, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados ni alguna garantía y tengan un vencimiento superior a cincuenta y cuatro (54) meses.

 

En el caso de obligaciones fiscales de hasta cuarenta (40) UVT sin incluir sanciones, intereses o costas procesales, pueden ser suprimidas pasados seis (6) meses contados a partir de la exigibilidad de la obligación más reciente siempre que se haya realizado las gestiones de cobro que estime el reglamento. Las deudas tributarias que superen las cuarenta (40) UVT y hasta noventa y seis (96) UVT sin incluir sanciones, intereses, actualizaciones y costas del proceso, pueden ser eliminadas una vez hayan pasado dieciocho (18) meses desde la exigibilidad de la obligación más reciente y para lo cual, también es suficiente haber efectuado las gestiones de cobro que ordene el respectivo reglamento.

 

Respecto de la indagación de bienes del deudor por parte de la DIAN, esta entidad debe adelantar las acciones que considere adecuadas siendo deber de la misma oficiar a las oficinas o entidades de registro de instrumentos públicos como las cámaras de comercio, tránsito, registro de instrumentos públicos y privados, propiedad intelectual, marcas, registros mobiliarios y entidades del sector financiero para que estas informen sobre la existencia o no de bienes y derechos a favor del contribuyente; si dentro del mes siguiente al envío de la solicitud a la entidad respectiva la DIAN no recibe respuesta, se entiende que la misma es negativa quedando la Autoridad Tributaria en la facultad de decretar la remisibilidad de las deudas.

 

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas

Especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia



[1] Para lo cual se requiere haber oficiado, por parte de la autoridad estatal, a todas entidades en las cuales es posible obtener alguna clase de información, y que el resultado respecto de los datos del deudor sea negativo.

[2] El valor de la UVT para el año 2016 es de $29753, fijado mediante Resolución 115 de 2015 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



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