EL INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL.

 

La reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender por un año la aplicación de la sentencia C-492 de 2015, aceptando los argumentos del Ministerio de Hacienda sobre los efectos de esta sentencia en el sistema fiscal colombiano, dio al Gobierno Nacional la oportunidad de que este realice los ajustes necesarios mediante una reforma tributaria que permita reemplazar los ingresos que se pueden dejar de percibir, ya que dicha sentencia contemplaba la resta del 25% de renta exenta a la cual hace mención el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, para los sistemas de renta de personas naturales (IMAN e IMAS).

 

Esto hace necesario analizar cuáles son los alcances de la herramienta utilizada por el Ministerio de Hacienda para solicitar el aplazamiento de la sentencia, la cual se conoce como incidente de impacto fiscal, regulado por la Ley 1695 de 2013 y definido como una facultad con la cual cuentan el Procurador General de la Nación y los Ministros del Gobierno, una vez que se hayan proferido sentencias o autos que incidan en la sostenibilidad fiscal nacional, pero este incidente no puede ser usado para el menoscabo de derechos, restringir su alcance o negar la protección efectiva de los mismos.

 

El recurso procede en contra de todas las sentencias o autos que se profieran con posterioridad a la Ley 1695 de 2013, por parte de las máximas autoridades del país, cuando se altere de manera evidente la sostenibilidad fiscal, sin importar la postura que haya adoptado dentro del proceso no haya sido interviniente en el mismo la entidad que emplee dicho recurso. La competencia para conocer de este incidente corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado o la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

La Ley 1695 de 2013 dispone el trámite a seguir para decidir el incidente de impacto fiscal, y en el caso de que la sentencia judicial sea contrario a la parte que inició la apertura, se debe proceder a acatar el fallo en los términos que dicte la alta autoridad judicial que conoció el caso, con el objetivo de que garantice la primacía de los derechos fundamentales y reconocer la autonomía e independencia de la rama judicial. Durante el trámite de cualquier proceso en las altas corporaciones judiciales, estas pueden solicitar la intervención del Ministerio de Hacienda para que exprese su concepto sobre los efectos del litigio en las finanzas públicas, pero dicho concepto en ningún caso se entiende como la presentación del incidente de impacto fiscal ni será vinculante para la autoridad judicial (art. 15 Ley 1695).

 

En el caso de que un juez dicte sentencias condenatorias en contra de un municipio o departamento, con el objetivo de evitar alteraciones en la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales, es necesario tener en cuenta la capacidad fiscal de la entidad para poder dar cumplimiento a la decisión judicial, también se puede convocar en cualquier etapa del proceso al representante legal de la entidad demandada, para que emita concepto sobre la incidencia en las finanzas públicas en caso de una eventual condena; aunque esto no impide la apertura del incidente de impacto fiscal por parte de los Ministros de Gobierno o el Procurador General de la Nación.

 

La apertura, trámite y decisión respecto del incidente de impacto fiscal debe ser realizado de acuerdo con las disposiciones del artículo 334 de la Constitución Política, el cual dispone que la sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas del Poder Público dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica; y que la dirección general de la economía corresponde al Estado, siendo necesario garantizar el cumplimiento de esta gestión dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, que sirva como instrumento para alcanzar de modo progresivo los objetivos del Estado Social de Derecho.

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas

Especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia



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