LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN

 

La construcción por parte del Estado, de obras que representan un potencial beneficio para los particulares permite que sus inmuebles sufran una valorización positiva que aumenta su valor, lo cual redunda en un aumento del patrimonio total del propietario pero también implica el aumento de la carga tributaria de este a favor del Gobierno Nacional; dicha carga y el aumento del valor del bien son conocidos como la contribución por valorización en la legislación colombiana.

 

El primer antecedente legal que especificó la creación de este impuesto, se puede encontrar en la Ley 25 de 1921, que en el artículo 3 ordenó la creación del “impuesto directo de valorización” que es una contribución[1] sobre las propiedades de bienes raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público o local, dicha contribución se debe destinar exclusivamente a solventar los gastos que demanden la ejecución de dichas obras por parte del Estado colombiano.

 

Esta ley también dispuso que la tasación del impuesto debe hacerse sobre catastros especiales de las propiedades que han de beneficiarse con la obra a ejecutar y en proporción al valor de ellas, teniendo en cuenta inclusive el beneficio que reporten dichas obras junto con el presupuesto y costos de las mismas; dicho impuesto tal como lo dispone el artículo 8º de la Ley 25 de 1921, tiene una duración que se estime necesaria para que con su producto se realicen totalmente las obras materia de su creación, y en el caso de que para conservar y mantener dicha obra se generen gastos adicionales, se debe hacer una tasación proporcional al del impuesto que se debe continuar cobrando con tal objeto.

 

Es necesario señalar que hay un evento anterior a esta ley (Alcaldía de Bogotá, 2016) cuando se profirió la Ley 23 de 1887, que permitía al Gobierno ejecutar obras tendientes a impedir inundaciones y expansiones de aguas en predios contiguos a los lagos, a costa de los propietarios quienes debían pagar tales obras de acuerdo al valor de la propiedad afectada, previa creación de un catastro de predios inundados para determinar el precio de los mismos. Otros sucesos con visible característica de cobro por valorización son la expedición de las Leyes 19 y 137 de 1888 para obras en la Laguna de Fúquene, también con cargo a los propietarios de predios afectados, y el Decreto Legislativo 40 de 1905; no obstante todas estas legislaciones fueron reemplazadas por la Ley 25 de 1921 y demás normas concordantes (Ibíd., 2016).

 

El Decreto 1604 de 1966 con la finalidad de hacer más justa y equitativa la contribución por valorización, dispuso reglamentar esta clase de tributo debido a la poca normatividad existente en la época, haciendo extensiva dicha contribución a todas las obras de interés público que sean ejecutados por la Nación, los Departamentos, el Distrito Capital de Bogotá y los municipios del país, además de cualquier entidad de derecho público siempre que dichas obras beneficien a las propiedades inmuebles; es a partir de este decreto que recibe el actual nombre de contribución por valorización.

 

Esta norma también definió el funcionamiento de dicha contribución al definir que el establecimiento, recaudo, distribución y cobro corresponde a la entidad nacional, departamental o municipal que sea la encargada de ejecutar la obra de interés público que genere el respectivo beneficio para los particulares. El artículo 16 del Decreto 1604 de 1966 también limitó el margen de competencia de los municipios, al considerar que no pueden cobrar contribuciones por valorización relacionadas con obras nacionales, sino dentro de sus respectivas áreas urbanas y previa autorización de la entidad nacional correspondiente.

 

El municipio solo puede ejercer este cobro siempre que haya obtenido la autorización dentro de los dos (2) años siguientes a la construcción de la obra, ya que en dado caso si el municipio no hace efectiva su atribución, la contribución por valorización será cobrara por la Nación. Es necesario señalar que en caso de obras departamentales los municipios solo pueden cobrar la contribución cuando el departamento no pueda hacerlo y cuente con la autorización del respectivo Gobernador.

 

Doctor Manuel Andrés León Rojas

Especialista en derecho tributario

Universidad Externado de Colombia



[1] Aunque en la ley se emplean los términos impuesto y contribución, es necesario no confundirlos ya que si bien ambos son dos clases de tributos de carácter obligatorio para el contribuyente, solo el segundo implica la existencia de un beneficio directo para determinado grupo social por la ejecución de las obras.



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