FUERO DE CÓNYUGE, COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE EN CONDICIÓN DE DESEMPLEADO

 

El Proyecto de Ley 103 de 2015 presentado el 29 de septiembre del año anterior por parte del Senado de la República, ha sido repartido a la Comisión Séptima estando pendiente discutir ponencia para primer debate en Senado.

 

Esta iniciativa busca fortalecer las prerrogativas constitucionales para la protección de los niños, especialmente el derecho fundamental al mínimo vital, mediante la adición de un artículo al Código Sustantivo del Trabajo denominado “Fuero de cónyuge, compañero o compañera permanente en condición de desempleado”, para que la situación de desocupación que afronta gran cantidad de la población, no impacte de manera adversa las condiciones de vida digna de los menores de edad dentro del núcleo familiar.

 

El artículo establece la prohibición de despedir sin justa causa y previa autorización del inspector de trabajo  o del Alcalde municipal en aquellos lugares en donde no exista el primero, a aquel trabajador o trabajadora padre de familia, cuyo cónyuge, compañero o compañera permanente se encuentre desempleado y dentro de su núcleo familiar haya menor de edad. El término durante el cual se es beneficiario de la protección corresponde a seis meses contados a partir de la notificación por escrito al respectivo empleador sobre la condición siempre que la comunicación se efectúe dentro de los ocho días siguientes a la terminación del contrato.

 

Los argumentos dados para buscar la prosperidad de la disposición radican principalmente en la protección integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, conforme a los artículos 5 y 42 Constitucionales, y la protección de los niños para garantizar su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus derechos, al tenor de lo consignado en el artículo 44 de la Norma Superior.

 

No obstante lo anterior, y de existir una considerable normatividad garantista para los menores como sujetos de especial protección, ésta no es suficiente cuando de ejercer control en el goce efectivo de sus derechos fundamentales se refiere, especialmente en el sentido que las condiciones económicas y sociales del país conllevan a realidades diferentes de las pretendidas.

Una de las herramientas de protección al infante debe ser entonces el aseguramiento del mínimo vital, para la atención de sus necesidades básicas, y la efectividad del derecho a la dignidad humana. Precisamente respecto al mínimo vital la Corte Constitucional se ha pronunciado en muchas oportunidades, siendo una de ellas la Sentencia T-184 de 2009 en la que lo definió como “Un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, pues constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”. En el mismo sentido sostuvo que “el concepto de mínimo vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que, por el contrario, es cualitativo, ya que su contenido depende de las condiciones particulares de cada persona. Así, este derecho no es necesariamente equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente y depende del entorno personal y familiar de cada quien. De esta forma, cada persona tiene un mínimo vital diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida”.

 

Con fundamento en lo anterior es que se deriva la obligación por parte del Estado de propender por el mantenimiento de las condiciones mínimas de quienes autónomamente no pueden garantizar las prestaciones necesarias para su supervivencia, circunstancias que podrían verse seriamente amenazadas si ambos padres de familia carecen de ingresos económicos en caso de encontrarse simultáneamente desempleados.

 

Dra. Juliana Barón Bonilla

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

Universidad Externado de Colombia

 



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