BENEFICIO ECONÓMICO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL TRÁMITE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ

 

Se trata del Proyecto de Ley 088 de 2015 de la Cámara de Representantes presentado el 20 de agosto de 2015, que radica en garantizar la protección a la dignidad humana, a la seguridad social, y al mínimo vital y móvil a aquellas personas que de buena fe solicitan una pensión de vejez, mediante un beneficio de subsistencia mensual equivalente a tres cuartas partes del salario mínimo legal mensual vigente otorgado por la entidad administradora del Régimen de Prima Media y/o los sujetos competentes de resolver las peticiones pensionales de sus afiliados, cuando dichas solicitudes no sean resueltas en el término establecido en la ley, y cuyas sumas serán descontadas del retroactivo al que la persona tuviere derecho una vez cumpla los requisitos para acceder a la prestación, o de la indemnización sustitutiva o devolución de aportes si no hay lugar al reconocimiento de la pensión.

 

Este Proyecto que consta de cinco artículos, menciona que el beneficio deberá ser pagado al peticionario el mes siguiente a aquel dentro del cual se cumplió el término de los cuatro meses posteriores a la solicitud pensional, haciendo claridad en el hecho que son procedentes sanciones entre 1 y 4 salarios mínimos para aquellas personas que actúen de mala fe y de manera temeraria al presentar en reiteradas ocasiones requerimientos pensionales sin acreditar requisito alguno para la pensión solicitada, siendo el Ministerio de Trabajo responsable del establecimiento e imposición de dichas multas que serán destinadas al Fondo de Solidaridad Pensional.

 

De igual manera, señala que aquellos que hubieren realizado al menos una cotización al Sistema General de Pensiones, dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la solicitud, (término que tiene la entidad para responder la petición), así como las personas que reúnan los requisitos para acceder a la pensión dentro de los dos meses siguientes a su radicación, no tendrán derecho a recibir dicha subsistencia económica.

 

Tanto la entrega como el goce de este beneficio responden a la actual crisis que enfrenta la administración del régimen de prima media en Colombia, producto de la accidentada transición entre el antiguo Instituto de los Seguros Sociales y Colpensiones, que tristemente ha vulnerado de manera sistemática los derechos fundamentales de sus afiliados, quienes en muchas ocasiones mueren esperando se les reconozcan las prestaciones económicas de las que son titulares.

En cuanto al impacto fiscal, este no se presenta debido a que no se ordenan gastos ni se establecen concesiones o beneficios tributarios, pues las prerrogativas que se otorgan surgen de los mismos depósitos con que cuentan los destinatarios de la pensión en el sistema, y adicionalmente porque los mismos son descontados de las prestaciones económicas una vez sean reconocidas.

 

Actualmente el Proyecto se encuentra pendiente para ponencia en primer debate por parte de los H.R. Ana Cristina Paz Cardona, Cristóbal Rodríguez Hernández y Mauricio Salazar Peláez, por lo que habrá que esperar se surta el trámite respectivo y así verificar, si conforme al principio de progresividad en materia laboral, el Estado colombiano deja de tomar una actitud indiferente ante las notorias dificultades que impiden la satisfacción efectiva de garantías, asumiendo la obligación de propender por el aumento de la cobertura del sistema a un nivel óptimo, a través del establecimiento de medidas legislativas y de cualquier otra índole.

 

Dra. Juliana Barón Bonilla

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

Universidad Externado de Colombia

 

 

 



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